Fiscalización en la era de la desinformación
La administración del presidente Donald Trump enfrenta un escrutinio sin precedentes al no presentar ante el Congreso pruebas concluyentes que verifiquen que las embarcaciones neutralizadas por operativos militares transportaban efectivamente alijos de narcóticos. Dos funcionarios federales, bajo condición de anonimato, confirmaron esta carencia de evidencia sustantiva.
La creciente frustración bipartidista ha catalizado una respuesta legislativa contundente: el Senado sometió a votación una resolución que reclama la aplicación de la Ley de Poderes de Guerra. Esta medida exigiría al presidente obtener una autorización expresa del Congreso previa a cualquier nueva acción ofensiva contra los cárteles de la droga.
Operativos letales y falta de transparencia
El historial de estas intervenciones militares registra al menos cuatro embarcaciones atacadas, tres de las cuales, según la Casa Blanca, tenían origen en Venezuela. El balance humano reporta 21 fallecidos. La justificación pública se ha limitado a la difusión de videos desclasificados en redes sociales por parte del presidente Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, material que no prueba la presencia de estupefacientes.
La inconsistencia en los protocolos de acción genera más interrogantes. Las autoridades no han esclarecido por qué en algunos casos se optó por la destrucción total de las naves, desviándose de los procedimientos estándar de interdicción marítima, que incluyen la incautación y el análisis forense de la carga.
Un nuevo marco legal disruptivo
La estrategia de la administración se fundamenta en un memorando retroactivo que declara a los cárteles del narcóxico como “combatientes ilegales”, argumentando que Estados Unidos se encuentra inmerso en un “conflicto armado” contra estas organizaciones. Esta redefinición constituye un cambio de paradigma en la política de seguridad y ha sido percibida en el Capitolio como un intento de establecer un nuevo marco legal para acciones letales, eludiendo la supervisión constitucional del Legislativo.
La inteligencia frente a la evidencia tangible
Ante el reclamo del Congreso por la ausencia de pruebas, el Pentágono ha reiterado su confianza en los videos y en las declaraciones de sus altos mandos. Hegseth afirmó en sus redes que su inteligencia “confirmó sin lugar a dudas” que la embarcación traficaba narcóticos y que sus tripulantes eran “narcoterroristas”. Sin embargo, los legisladores exigen acceso a los datos crudos y a la metodología que sustenta dichas conclusiones.
La opacidad se extiende a los fundamentos jurídicos. El senador Angus King denunció que se les negó el acceso a una opinión legal clave del Pentágono sobre la legitimidad de estos ataques bajo la ley estadounidense. Esta falta de transparencia quedó también en evidencia durante las audiencias de confirmación de Joshua Simmons como abogado general de la CIA, y con las evasivas respuestas de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien se negó a revelar cualquier consejo legal proporcionado al presidente.
