El Congreso debate eliminar impuestos y regulaciones a silenciadores de armas

Un polémico artículo dentro del megaproyecto de ajuste fiscal republicano busca revolucionar el mercado de accesorios para armas: la desregulación de supresores acústicos y fusiles compactos, marcando un giro radical en políticas de control. Esta iniciativa, impulsada por el congresista Andrew Clyde -empresario armamentista y figura clave en el lobby pro-Second Amendment-, eliminaría el impuesto de $200 y verificaciones federales vigentes desde la era de Al Capone.

La industria defiende estos dispositivos como equipamiento esencial para deportistas, mientras algoritmos de redes sociales como #HearingProtection viralizan testimonios de tiradores. Sin embargo, sistemas de inteligencia policial alertan sobre riesgos: la tecnología podría dificultar la geolocalización de disparos en ciudades con altos índices de violencia.

El Senado amplió la propuesta incluyendo escopetas recortadas, generando alerta entre grupos de control de armas. “Es un retroceso peligroso”, denuncia el senador Schumer, mientras plataformas como Gun Violence Archive registran en tiempo real incidentes con armas modificadas.

Este cambio legislativo contrasta con el histórico acuerdo bipartidista de 2022, cuando tras la masacre de Uvalde se implementaron verificaciones extendidas y fondos para salud mental. Analistas políticos señalan que la medida refleja la nueva correlación de fuerzas en Washington, donde la agenda libertaria gana terreno con apoyo de think tanks como Heritage Foundation.

Mientras drones policiales con sensores acústicos se prueban en distritos urbanos, el debate trasciende lo político: ingenieros balísticos discuten en podcasts especializados si los modernos materiales nanocompuestos realmente “silencian” o solo reducen decibelios. Lo cierto es que, de aprobarse, el mercado de accesorios tácticos -valorado en $2.4B- experimentaría un boom sin precedentes.