El Gobierno del presidente Daniel Noboa presentó este martes un nuevo conjunto de siete preguntas para una consulta popular, tras el rechazo de la Corte Constitucional a la mitad de las ocho propuestas originales presentadas en agosto. Esta situación refleja una tensión institucional que, en mi experiencia, suele ser común cuando se buscan reformas profundas en plazos cortos.
El mandatario persigue la celebración de un plebiscito antes de que finalice el año, para lo cual necesita la validación del tribunal constitucional. La relación entre el Ejecutivo y la Corte ha estado marcada por desencuentros recientes, algo que he observado a lo largo de los años suele ocurrir cuando se intenta modificar el statu quo del poder judicial.
Entre las preguntas rechazadas se encontraba una que proponía someter a los jueces a juicios políticos. La Corte resolvió que esta medida comprometía la independencia judicial y alteraba el sistema de pesos y contrapesos, un principio fundamental que, desde mi perspectiva, es esencial para preservar la democracia.
En su nueva propuesta, Noboa insiste en limitar las capacidades de la Corte Constitucional, sugiriendo que se requiera el voto favorable de seis de sus nueve magistrados para declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el gobierno. He visto cómo este tipo de propuestas suelen generar intensos debates sobre la separación de poderes.
Ante la negativa de la Corte a autorizar una pregunta sobre castración química para violadores de menores, el gobierno ahora propone la creación de un registro especial de personas condenadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes. Esta alternativa demuestra cómo en política a veces se deben buscar caminos alternativos para alcanzar objetivos similares.
El Ejecutivo también reiteró su propuesta de autorizar casinos en hoteles de cinco estrellas, que previamente fue rechazada por falta de claridad. He aprendido que en estos procesos técnicos, la precisión en la redacción es tan importante como el fondo de la propuesta.
Otra pregunta busca prohibir el uso del nombre o imagen en campañas políticas de personas condenadas por delitos contra la administración pública, medida que parece dirigida a expresidentes como Rafael Correa y sus colaboradores, sentenciados por corrupción. En mi trayectoria, he visto cómo estas medidas suelen tener tanto motivaciones jurídicas como políticas.
Para delitos de extorsión y crimen organizado, Noboa propone reformas constitucionales que permitan un juzgamiento más expedito. La Corte había aprobado previamente preguntas sobre trabajo por horas en el sector turístico, reducción de asambleístas, presencia de bases extranjeras y eliminación de subsidios a partidos políticos, que deberán ser ratificadas en el referendo.
Desde mi experiencia, estos procesos complejos demuestran que gobernar requiere constantes negociaciones entre poderes del Estado, donde la perseverancia debe equilibrarse con la flexibilidad táctica.
