El juez desconfía del gobierno por los recortes a Voice of America

En un giro que nadie anticipó (excepto todos), el juez federal Royce Lamberth ha descubierto que el gobierno de Donald Trump —ese campeón de la transparencia— olvidó mencionar pequeños detalles, como despedir a 600 empleados de Voice of America (VOA), justo después de prometer solemnemente no desmantelar el medio. ¡Qué coincidencia más desafortunada!

La abogada Brenda Gonzalez Horowitz, especialista en traducir recortes a “buena fe”, insistió en que el gobierno toma “muy en serio” su deber de informar. El juez, conocedor de diccionarios alternativos, respondió con un contundente “No lo creo”, frase que ahora lidera las apuestas para lema oficial de la administración.

Mientras tanto, los periodistas de VOA llevan tres meses de vacaciones pagadas, un experimento social para demostrar que, en efecto, se puede cumplir el mandato del Congreso (262 millones de dólares) sin producir ni un solo titular. “Hacer que la gente se quede en casa no es cumplir con la ley”, declaró el abogado William Schultz, arruinando la próxima reunión de Zoom de la Casa Blanca.

El juez, en un arranque de ingenuidad, dio al gobierno hasta el viernes para presentar un informe. Los demandantes pidieron un plan para operar VOA según la ley, a lo que el gobierno probablemente responderá con un PowerPoint titulado “Cómo silenciar voces en 10 pasos”.

Queda la pregunta del millón: ¿es esto un intento de ahorro o un masterclass en cómo vaciar instituciones sin que (casi) nadie note el ruido?