El Pentágono despliega 600 abogados militares como jueces de inmigración

Una Respuesta Sin Precedentes a la Crisis Migratoria

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha autorizado una medida extraordinaria: el despliegue de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para actuar como jueces de inmigración de forma temporal. Esta decisión, confirmada por un memorándum interno, representa una fusión inusual de los ámbitos militar y judicial civil.

La operación se ejecutará en fases, con un primer contingente de 150 juristas, tanto de carrera militar como civiles del departamento de defensa, siendo movilizados “tan pronto como sea posible”. Los servicios militares ya tienen la instrucción de identificar al personal para la primera ronda dentro de la próxima semana.

La Militarización de la Política Fronteriza

Esta estrategia se enmarca en un patrón más amplio de la administración Trump, que ha integrado progresivamente recursos castrenses en su gestión de la frontera. El rol de las fuerzas armadas se ha expandido significativamente, incluyendo patrullas en la frontera sur, el despliegue de la Guardia Nacional en operativos urbanos de control migratorio, la custodia de deportados en bases militares y el uso de aeronaves castrenses para ejecutar deportaciones.

Un Sistema Judicial al Límite

La ofensiva gubernamental ha ejercido una presión insostenible sobre los tribunales de inmigración, un sistema que ya arrastraba una crisis de agilidad procesal con un backlog de aproximadamente 3.5 millones de casos. Esta cifra, que no ha dejado de crecer en los últimos años, ha colapsado la capacidad de respuesta del sistema.

La situación se ha visto agravada por una fuga de talento: más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o han aceptado renuncias incentivadas. Su sindicato, la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, reportó que al menos 17 magistrados fueron desvinculados “sin causa” en la última ronda de recortes. Con una plantilla reducida a unos 600 jueces, la incorporación de los abogados militares effectively duplicará la fuerza judicial disponible.

Logística y Límites Legales

La iniciativa partió de una solicitud formal del Departamento de Justicia al Pentágono. Los acuerdos establecen que las funciones de los juristas militares tendrán una duración inicial máxima de 179 días, aunque contemplan la posibilidad de extensiones. El memorándum es claro al subrayar que la movilización depende de la disponibilidad de personal y podría requerir la activación de oficiales de la reserva.

Críticamente, el documento transfiere al Departamento de Justicia la responsabilidad de asegurar que este despliegue no infrinja la Ley Posse Comitatus, una legislación federal clave que prohíbe el uso del ejército como una fuerza policial doméstica. La Casa Blanca ha defendido la medida, calificando la descongestión del sistema judicial migratorio como “una prioridad en la que todos pueden estar de acuerdo”.