En un giro que redefine el concepto de “servicio penitenciario”, el régimen bolivariano ha decidido ampliar su catálogo de ofertas para los huéspedes de sus centros de reclusión. La líder opositora María Corina Machado ha destapado la última innovación en hospitalidad estatal: amenazas de ejecución extrajudicial meticulosamente administradas por los funcionarios, un plus que sin duda no figuraba en el folleto original de la prisión de El Rodeo.
“He recibido información sobre las amenazas directas y sistemáticas”, comunicó la disidente por la red social X, en lo que parece ser el primer reporte de un cliente insatisfecho con los “servicios premium” de intimidación que el gobierno de Nicolás Maduro ofrece a sus rehenes políticos. Según los manuales de Derecho Internacional Humanitario —esos tediosos textos que el régimen usa como pisapapeles—, estas prácticas podrían, quizás, rozar la categoría de crímenes de lesa humanidad.
¿Una nueva política de fidelización de reclusos?
Las amenazas, emitidas con la eficiencia burocrática que caracteriza a la maquinaria estatal, constituyen un riesgo inminente para la vida de personas que ya gozaban del privilegio de ser prisioneros del Estado. Se trata, en esencia, de un programa de acoso institucionalizado dirigido a individuos en su momento más vulnerable: privados de libertad, indefensos y, sobre todo, incapaces de escapar de la creatividad punitiva de sus carceleros. El régimen, en un alarde de responsabilidad corporativa, se ha autoerigido en garante único de cualquier daño físico o psicológico derivado de sus amables advertencias.
La comunidad internacional, convidada de piedra en el aquelarre
Ante este despliegue de ingeniería social carcelaria, Machado ha instado a la comunidad global a una “acción inmediata”. Suplica a los organismos internacionales de derechos humanos que, por favor, despierten de su letargo y prevengan las ejecuciones sumarias que se anuncian con la frivolidad de un menú del día. La solicitud incluye una llamada a los gobiernos democráticos para que activen medidas de presión diplomática y emitan severas reprimendas, un instrumento disuasorio que, históricamente, ha aterrado a los tiranos tanto como un mosquito a un elefante.
“Solicitamos protección inmediata, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida”, concluyó la opositora, trazando así un cuadro dantesco donde el Estado no es el protector, sino el verdugo potencial, y donde la protección internacional suena a quimera. En el gran teatro del absurdo venezolano, la vida de los disidentes pende del hilo de una amenaza sistematizada, mientras el mundo observa, toma nota y, a veces, hasta expresa “honda preocupación”.
