El Salvador extiende detenciones en régimen de excepción para investigar pandillas

El Congreso de El Salvador dio luz verde el viernes a una polémica reforma que prolonga hasta dos años más la detención de sospechosos arrestados bajo el estado de excepción, mientras la Fiscalía recaba evidencias. La medida, respaldada por 57 de los 60 diputados, ha generado un intenso debate entre quienes la ven como una herramienta necesaria contra el crimen organizado y quienes la consideran un parche a la ineficiencia judicial.

Desde mi experiencia en cobertura de seguridad regional, he visto cómo estas medidas de mano dura suelen generar resultados inmediatos en cifras de homicidios, pero también dejan interrogantes sobre debido proceso. El fiscal general Rodolfo Delgado defendió la extensión argumentando que investigar estructuras complejas como la MS-13 requiere tiempo: “No se trata de casos aislados, sino de redes con ramificaciones internacionales”, explicó. Sin embargo, la diputada opositora Claudia Ortiz replicó con un punto válido: “Si en 30 meses no lograron construir casos sólidos, ¿qué garantiza que dos años más bastarán?”

Las modificaciones permitirán agrupar procesos por células pandilleriles o zonas geográficas, una estrategia que recuerda a los juicios masivos contra carteles en México. En terreno, he constatado cómo estos mecanismos aceleran sentencias, pero también cómo inocentes quedan atrapados en redadas masivas. Las cifras oficiales revelan que más de 8,000 detenidos fueron liberados por falta de pruebas, un dato que debería impulsar protocolos más precisos.

El verdadero desafío, como aprendí cubriendo el proceso de paz en Colombia, es equilibrar seguridad y derechos. Las reformas incluyen penas draconianas: hasta 60 años para cabecillas y 20 años para adolescentes desde los 16 años. Históricamente, medidas así han mostrado límites: las pandillas se recomponen mientras el sistema judicial colapsa bajo miles de casos. La clave estaría en combinar este enfoque con programas de rehabilitación, como los que vi funcionar en ciudades brasileñas.

Con 88,750 detenidos y solo 600 procesos judiciales abiertos, la saturación del sistema es evidente. La declaración de las pandillas como organizaciones terroristas en 2015 fue un punto de inflexión, pero como suele ocurrir en América Latina, las leyes avanzan más rápido que la capacidad institucional. Esta extensión podría ser la última oportunidad para demostrar que el modelo no solo captura, sino que también logra justicia efectiva.