Estados Unidos.– Los senadores estadounidenses por Florida, Rick Scott y Ashley Moody, presentaron la ‘Stop Maduro Act’, iniciativa que duplica a 100 millones de dólares la recompensa ofrecida por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, además de introducir la ‘BOLIVAR Act’, que prohibiría negocios con empresas vinculadas al régimen venezolano.
La medida eleva significativamente la oferta previa del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en agosto ya había duplicado la recompensa de 25 a 50 millones de dólares. El monto actual supera incluso la suma ofrecida por la captura del fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.
De acuerdo con la propuesta de los senadores, la recompensa podría ser pagada a uno o más individuos que proporcionen información que conduzca directamente al arresto de Maduro y a cualquier sentencia relacionada con crímenes específicos vinculados al narcotráfico, sin importar el país en el que se ejecute.
La iniciativa también establece que los pagos provendrían de la liquidación de bienes incautados por Washington al mandatario venezolano, a su régimen y a sus cómplices. Hasta ahora, el Departamento de Justicia estadounidense ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos relacionados con Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos.
Durante la presentación en Doral, ciudad del sur de Florida con una alta concentración de venezolanos, la senadora Moody calificó al gobierno de Maduro como un actor del “narcoterrorismo” que amenaza la seguridad de Estados Unidos. Según Moody, el régimen lidera el llamado Cártel de los Soles, contrabandeando drogas que desestabilizan comunidades y afectan a los jóvenes del país.
La ‘BOLIVAR Act’ complementa la iniciativa principal al prohibir que agencias gubernamentales estadounidenses contraten con empresas que mantengan operaciones con el régimen de Maduro. La ley busca aislar económicamente al gobierno venezolano y reducir su influencia en mercados internacionales.
Además de Scott y Moody, las propuestas son copatrocinadas por los senadores Ted Cruz, de Texas, y Marsha Blackburn, de Tennessee, todos miembros del Partido Republicano. Estas iniciativas se presentan en un contexto de intensificación del despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde se han hundido cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de Venezuela, con un saldo de al menos 17 personas fallecidas.
Con estas medidas, Estados Unidos busca presionar de manera directa al gobierno venezolano, combinando incentivos económicos por información clave y sanciones comerciales que limitan la interacción con empresas que colaboren con Maduro, fortaleciendo su estrategia de aislamiento político y financiero en la región.
