El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, rechazó con firmeza las manifestaciones violentas registradas en Los Ángeles en respuesta a las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. A través de sus redes sociales, el diplomático distanció estas acciones del pueblo mexicano, al que describió como “digno y trabajador”.
Johnson enfatizó que las operaciones buscan proteger a todas las comunidades y fortalecer el Estado de Derecho, subrayando la estrecha relación entre México y Estados Unidos. “México es nuestro socio y nuestras naciones están profundamente unidas”, declaró.
Mientras tanto, Trump atribuyó los disturbios a grupos radicales y anunció medidas más estrictas, como la prohibición de máscaras en protestas. En sus publicaciones en Truth Social, el mandatario acusó a “la izquierda radical” de instigar el caos y prometió expulsar a inmigrantes indocumentados para “liberar Los Ángeles”.
El presidente ordenó a su gabinete de seguridad, incluidos los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional, tomar acciones contundentes para restaurar el orden. “Se restablecerá la ley, los indocumentados serán deportados, y la ciudad volverá a ser libre”, afirmó.
Este episodio refleja la polarización en torno a la migración y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. ¿Podría esta crisis convertirse en una oportunidad para replantear políticas migratorias con enfoques innovadores? La diplomacia bilateral enfrenta un desafío crítico mientras las calles se convierten en campo de batalla ideológico.
