Estados Unidos evalúa exigir fianza de 15 mil dólares para visas

WASHINGTON, D.C.—Una polémica iniciativa del Departamento de Estado estadounidense está generando alerta internacional. Documentos obtenidos por este medio revelan planes para implementar un programa piloto que exigiría fianzas de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visas de negocios y turismo provenientes de naciones con altos índices de migración irregular.

Según fuentes internas que pidieron reserva de identidad, el proyecto—programado para durar 12 meses—afectaría específicamente a países con “controles deficientes de seguridad documental” o que ofrezcan ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia. ¿Pero qué criterios exactos determinarán qué naciones entrarán en esta lista negra? Las autoridades se niegan a revelar detalles hasta la publicación oficial en el Registro Federal.

Este medio accedió al borrador del aviso, donde se especifica que las fianzas oscilarían entre 5.000 y 15.000 dólares, cantidades que expertos consultados califican como “prohibitivas para la mayoría”. “Es un filtro económico disfrazado de medida de seguridad”, denuncia el abogado migratorio Carlos Méndez, quien ya prepara recursos legales.

La medida se enmarca en un endurecimiento progresivo: solo la semana pasada se reinstauraron entrevistas presenciales para renovaciones—eliminadas en 2021—y se exigió pasaportes vigentes a participantes de la Lotería de Visas. Datos oficiales muestran que las denegaciones de visas B1/B2 aumentaron un 34% en el último año.

Lo más inquietante: el programa podría activarse en solo 15 días tras su publicación, sin debate público. Aunque las fianzas serían reembolsables al salir del país, documentos internos reconocen que el proceso de devolución “puede demorar hasta 6 meses”. ¿Cómo afectará esto al turismo y los negocios? La Cámara de Comercio ya expresó “grave preocupación”.

Este reportaje confirmó que la medida excluye a los 42 países del Programa de Exención de Visas—mayormente europeos—, lo que según analistas podría generar acusaciones de discriminación. “Históricamente, estas propuestas fracasaron por su complejidad operativa”, admite una fuente del Departamento de Seguridad Nacional. Pero esta vez, insisten, “el clima político es diferente”.

Mientras el gobierno argumenta que busca proteger al erario público de costos por deportaciones, críticos ven un nuevo capítulo en las restrictivas políticas migratorias. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, muchos se preguntan: ¿es seguridad nacional o estrategia electoral?