El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha emitido la regla final para la “Recopilación de Datos Biométricos”, una medida que sistematiza y expande significativamente el uso del reconocimiento facial como componente central del control migratorio. Esta tecnología se despliega ahora de manera estandarizada en aeropuertos internacionales, cruces terrestres, puertos marítimos y todos los puntos de entrada y salida autorizados del país, marcando un punto de inflexión en la gestión fronteriza.
El procedimiento, administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es directo para el viajero. Toda persona que no sea ciudadana estadounidense, al dirigirse hacia o desde Estados Unidos, debe posicionarse frente a una cámara especializada conectada a un sistema seguro. Este sistema ejecuta un algoritmo de comparación facial en tiempo real, cotejando los rasgos biométricos capturados en el instante con la fotografía digital almacenada en el chip del pasaporte o en otro documento de viaje válido. La decisión es casi inmediata: una vez confirmada la identidad con un alto grado de certeza, el sistema autoriza el paso o, en caso de discrepancia o alerta, deriva al viajero a una inspección secundaria para una verificación manual.
Como explica el abogado de inmigración Jeremy Anderson, este proceso no es enteramente nuevo, pero su aplicación se ha ido normalizando. “Cada vez que entras a Estados Unidos te están tomando la foto, y al salir por el aeropuerto, pasando por el control de la TSA, también te la toman”, señala. La nueva regla consolida estas prácticas, las hace omnipresentes y establece el marco legal y técnico para su operación uniforme.
La justificación oficial del Departamento de Seguridad Nacional se basa en un conjunto de objetivos de seguridad nacional y eficiencia migratoria. Según la agencia, la recopilación biométrica masiva permitirá identificar con mayor precisión a delincuentes y personas buscadas, prevenir el fraude documental y de identidad, detectar a quienes sobrepasan el tiempo de estancia autorizado en sus visas y evitar el reingreso ilegal de individuos previamente deportados. Se presenta como una herramienta para modernizar un sistema que durante décadas ha dependido principalmente de la verificación visual manual de documentos, un método considerado susceptible al error humano y al fraude.
Sin embargo, esta expansión tecnológica conlleva implicaciones profundas en materia de privacidad y derechos. Anderson advierte que, aunque la ley migratoria sustantiva no cambia, la creación de esta base de datos biométrica altera el panorama para los extranjeros. “Si un oficial sospecha que estás violando las condiciones de tu visa, puede acceder a esta información biométrica para respaldar esa sospecha”, indica. Los datos dejan de ser un simple sello en el pasaporte para convertirse en un rastro digital permanente y accesible para múltiples agencias.
Es en la retención de datos donde se establece una distinción crítica. La CBP asegura que las fotografías de ciudadanos estadounidenses capturadas en estos procesos se eliminan de sus sistemas en un plazo máximo de 12 horas. Para los extranjeros, el tratamiento es radicalmente diferente: sus imágenes biométricas pueden ser conservadas en el sistema de identificación del Departamento de Seguridad Nacional hasta por 75 años, integrándose así en un archivo histórico de larguísima duración. Esta disparidad subraya el carácter diferenciado de la norma, que es obligatoria para viajeros internacionales y residentes no ciudadanos, mientras que para los estadounidenses permanece como una opción voluntaria en la mayoría de los escenarios.
La implementación de esta regla plantea un equilibrio complejo entre seguridad, eficiencia y privacidad. Por un lado, representa la culminación de un esfuerzo tecnológico por crear un perímetro fronterizo inteligente y disuasorio. Por otro, institucionaliza la vigilancia biométrica masiva de quienes cruzan las fronteras de Estados Unidos, creando un precedente sobre cómo los gobiernos pueden utilizar la biometría en espacios públicos. El debate ya no se centra en la viabilidad técnica, que es un hecho, sino en los límites de su uso, las garantías de protección de datos y el impacto a largo plazo en la privacidad individual dentro de un marco de movilidad global.
