Estados Unidos ha implementado un giro significativo y restrictivo en su política migratoria, marcado por el endurecimiento de los criterios para obtener asilo y la suspensión de ceremonias de naturalización para ciudadanos de determinados países. Este movimiento, impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), se enmarca en un contexto de presión sostenida en la frontera sur y un enfoque renovado en prioridades de seguridad nacional.
La medida más técnica, una regla final publicada el 29 de diciembre, otorga a las autoridades migratorias la facultad expresa de denegar el asilo o la protección contra la expulsión a cualquier extranjero considerado una amenaza para la seguridad nacional. Lo que distingue a esta normativa, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025, es la incorporación explícita de las emergencias de salud pública como un criterio de inelegibilidad, ampliando el marco legal para el rechazo de solicitudes. Este endurecimiento normativo se superpone a una suspensión operativa ya en curso.
Desde el 2 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) detuvo la tramitación de nuevas solicitudes de asilo para realizar una revisión interna de sus procedimientos. La pausa administrativa ha dejado en un limbo jurídico a miles de casos, incrementando la incertidumbre entre quienes buscan protección internacional. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han alertado que estas acciones, en conjunto, reducen drásticamente las vías legales disponibles para personas que huyen de persecución, conflicto o crisis humanitarias. Critican que los nuevos criterios, particularmente los relacionados con amenazas sanitarias, pueden ser aplicados de manera amplia y poco definida, afectando de forma desproporcionada a poblaciones vulnerables sin ofrecer mecanismos alternativos de protección.
El resultado inmediato es una acumulación de expedientes y la prolongación de estancias en condiciones precarias, especialmente en regiones fronterizas. En un frente paralelo pero conectado, la política de seguridad nacional ha impactado directamente a migrantes que ya han completado largos procesos legales. En los últimos días de diciembre, aspirantes a la ciudadanía estadounidense fueron excluidos de sus ceremonias de naturalización.
La medida afecta específicamente a nacionales de 19 países incluidos en la lista de prohibición de viaje, basándose en un memorándum interno de la USCIS del 5 de diciembre que instruyó la pausa de todos los procedimientos migratorios para estos ciudadanos. Esto implica que individuos que han superado años de verificaciones de antecedentes, entrevistas y requisitos de residencia ven ahora su camino a la ciudadanía interrumpido por una directriz de seguridad, generando una profunda sensación de inseguridad jurídica incluso entre comunidades migrantes ya establecidas.
Analíticamente, este conjunto de decisiones refleja una tendencia consolidada hacia un enfoque migratorio donde el control administrativo y la narrativa de seguridad nacional priman sobre otras consideraciones. El gobierno federal amplía sistemáticamente su margen de discrecionalidad para rechazar solicitudes, combinando restricciones operativas con cambios regulatorios de mayor alcance. El impacto es dual: por un lado, se limita el acceso al sistema de asilo en la etapa inicial; por otro, se introduce inestabilidad en la fase final de integración, la naturalización.
Estas acciones refuerzan una postura que privilegia el control fronterizo y la evaluación de riesgos, dejando en un segundo plano el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema a crisis humanitarias. El equilibrio entre la protección internacional, un principio fundacional de la política de asilo, y las exigencias de seguridad interna se inclina marcadamente hacia este último polo, redefiniendo el panorama migratorio estadounidense para los años venideros.
