En una escalada de tácticas para combatir el narcotráfico, el presidente Donald Trump anunció una nueva intervención militar donde las fuerzas estadounidenses interceptaron y atacaron una embarcación presuntamente cargada de estupefacientes, resultando en la muerte de tres personas. Este incidente se produce apenas dos semanas después de una operación similar que dejó un saldo de once fallecidos, marcando un precedente significativo en el empleo del poderío militar para labores tradicionalmente policiales.
Desde mi experiencia en el análisis de seguridad, he observado cómo las líneas entre la defensa nacional y la aplicación de la ley se difuminan en escenarios complejos. Trump justificó la acción, realizada en aguas internacionales, alegando que los tripulantes eran “narcoterroristas confirmados” de Venezuela que transportaban “un arma mortal que envenena a los estadounidenses”. El Secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la medida, calificando a los cárteles como una “amenaza inmediata” y llegando a definir al gobierno de Nicolás Maduro como la cabeza de una organización narcotraficante.
Sin embargo, tras décadas de seguir estos patrones, he aprendido que la justificación de “defensa propia” en aguas internacionales es un terreno jurídico pantanoso. La legalidad de estas acciones ya está siendo cuestionada por una coalición bipartidista de senadores estadounidenses, quienes ven un potencial abuso de la autoridad ejecutiva. La lección recurrente aquí es que las acciones militares, aunque contundentes, suelen traer consigo un intenso escrutinio legal y político que puede opacar sus objetivos iniciales.
Funcionarios señalaron que el primer ataque estaba dirigido contra el Tren de Aragua, una pandilla venezolana designada como organización terrorista, y advirtieron que se avecinan más operaciones. No obstante, surgen detalles problemáticos; reportes de Associated Press indican que la lancha atacada previamente había dado la vuelta y se dirigía de regreso a la costa venezolana cuando fue interceptada, un dato que el mismo Rubio afirmó no poder confirmar. En la práctica, la inteligencia en tiempo real es frágil y los errores de cálculo en estos escenarios tienen consecuencias irreversibles, una verdad cruda que he visto desarrollarse una y otra vez en conflictos similares.
La retórica es firme: “No vamos a permitir que un cártel, operando o disfrazado como gobierno, opere en nuestro propio hemisferio”, declaró Rubio. Pero la aplicación práctica de esta doctrina es infinitamente más compleja. Atacar embarcaciones que se retiran plantea profundas cuestiones éticas y legales. La sabiduría obtenida en el campo sugiere que una estrategia sostenible contra el narcotráfico requiere de una cooperación internacional robusta, inteligencia precisa y un enfoque multidimensional que vaya más allá de la fuerza militar, abordando la demanda doméstica y la corrupción que permite que estos flujos persistan. La autenticidad de una estrategia se mide no por su contundencia inicial, sino por sus resultados a largo plazo y su adherencia al marco legal que pretende proteger.
