BRUSELAS — Tras décadas de ser considerado un baluarte inquebrantable, el sistema europeo de protección a las personas migrantes enfrenta su revisión más profunda desde su fundación en la posguerra. Este miércoles, los líderes del Consejo de Europa acordaron iniciar un proceso que, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos, podría erosionar las salvaguardas legales fundamentales. ¿Se está reescribiendo, bajo presión política, el contrato social que protegió a generaciones de vulnerables?
La investigación revela que este consenso no nace de un vacío. Surge en un contexto donde partidos tradicionales, desde Italia hasta Dinamarca, han adoptado un discurso más restrictivo para contrarrestar el avance electoral de formaciones de extrema derecha. Una estrategia que se intensifica paradójicamente mientras los datos oficiales de Frontex muestran un descenso del 22% en los cruces fronterizos irregulares hacia la Unión Europea en lo que va de año.
El “instrumento vivo” bajo la lupa
En las discusiones celebradas en Estrasburgo, el secretario general del Consejo, Alain Berset, presentó el Convenio Europeo de Derechos Humanos como un “instrumento vivo”. Sin embargo, nuestra indagación detecta que, bajo esa aparente reafirmación, se esconde una fractura significativa. Una coalición de 27 de los 46 estados miembros —entre ellos el Reino Unido, Italia y Dinamarca— firmó una declaración paralela exigiendo una “interpretación menos restrictiva” de la jurisprudencia. Su argumento central: la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) limita excesivamente la capacidad de los estados para expulsar a migrantes con antecedentes delictivos y proteger la seguridad nacional.
“Por primera vez en la historia del Consejo de Europa, los estados miembros han señalado a un grupo específico de personas a las que quieren otorgar menos protección de derechos”, advirtió en entrevista exclusiva Andrew Forde, cofundador del grupo de expertos AGORA y exfuncionario del organismo. Esta declaración, obtenida para este reportaje, señala un punto de inflexión. ¿Estamos ante el inicio de una jerarquización de los derechos humanos, donde el estatus migratorio puede diluir garantías básicas?
Documentos y dobles discursos
El rastreo de documentos muestra que la presión es sistemática. La iniciativa se remonta a una carta firmada por nueve naciones el año pasado, buscando explícitamente “reducir el poder” de la Corte. Ahora, los ministros debatirán una declaración política y una recomendación para disuadir el tráfico ilícito de personas, que se adoptarán en mayo.
Mientras, en la esfera pública, líderes como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el británico Keir Starmer, publicaban un artículo de opinión en The Guardian abogando por endurecer los controles. “La mejor manera de luchar contra las fuerzas del odio y la división es demostrar que la política progresista y de corriente principal puede resolver este problema”, escribieron. Una narrativa que contrasta con las acciones en Bruselas, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió “arruinar los negocios” de las redes de tráfico, en el aniversario de la Alianza Global para Contrarrestar este flagelo.
La gran contradicción: necesidad versus restricción
La investigación descubre la contradicción estructural que subyace a este giro político. Por un lado, Europa invierte miles de millones en externalizar el control fronterizo, pagando a países de África y Oriente Medio para interceptar migrantes. Por otro, numerosas naciones del continente enfrentan una aguda escasez de mano de obra y un rápido envejecimiento demográfico, lo que las lleva a desarrollar programas para atraer y capacitar a trabajadores extranjeros. La gran mayoría de la movilidad humana hacia Europa, de hecho, ocurre de forma legal, a través de visados.
La revelación final de este reportaje es clara: el debate no se trata solo de seguridad o gestión de fronteras. Se trata de una redefinición política y filosófica del alcance de los derechos humanos en el siglo XXI. El consenso de la posguerra, basado en la protección universal, cede paso a un modelo más condicional, donde los intereses nacionales y la conveniencia política pesan más que el principio de indivisibilidad de los derechos. El “instrumento vivo” no solo evoluciona; corre el riesgo de ser vaciado desde dentro.
