Exgobernadora de Puerto Rico admite culpabilidad en caso de financiamiento

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha entrado en los anales de la historia de la isla por un motivo infame: convertirse en la primera exmandataria en declararse culpable de un delito federal. Este miércoles, ante un tribunal federal, admitió su responsabilidad en una violación a las leyes de financiamiento de campaña, un caso que desvela una intrincada red de poder que se extendía desde San Juan hasta Caracas.

Pero, ¿qué llevó a una exgobernadora a este punto? La investigación, que involucró a agentes federales, documentos financieros y testimonios clave, sugiere que la trama es mucho más profunda de lo que una simple admisión de culpabilidad puede revelar. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso se origina entre diciembre de 2019 y junio de 2020, durante la propia gestión de Vázquez.

Las autoridades sostienen que Vázquez acordó destituir al director de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. ¿La contraprestación? Un masivo apoyo financiero para su campaña a la gubernatura en 2020. Coincidentemente, esa misma oficina se encontraba investigando una serie de transacciones sospechosas en un banco propiedad del financiero venezolano Julio Herrera Velutini.

La trama se complica con la entrada de Mark Rossini, un exagente del FBI que prestaba servicios de asesoría a Herrera Velutini. Los fiscales alegan que este dúo pagó más de 300.000 dólares a consultores políticos para apoyar la campaña de Vázquez. Los pagos se realizaron después de que la entonces gobernadora cumpliera su parte del trato: exigir la renuncia del comisionado que investigaba el banco y nombrar a un exconsultor de la entidad financiera en su lugar.

Al salir del tribunal, Vázquez ofreció una versión que contrasta marcadamente con la narrativa fiscal. Afirmó que confió en personas de su entorno que “no hicieron su trabajo” y aceptaron una promesa de donación a nombre del banquero venezolano. “Se les olvidó pedirle la tarjeta verde a este señor”, declaró, refiriéndose al estatus migratorio de Herrera Velutini, en un intento de minimizar la gravedad de los hechos. “Aquí no hubo soborno”, insistió. “Yo no cogí ni un sólo centavo”.

Sin embargo, el escepticismo rodea estas declaraciones. ¿Realmente una abogada y gobernadora en ejercicio desconocía los intrincados requisitos de la ley electoral federal? La jueza Silvia L. Carreño Coll ya había manifestado su desacuerdo con el acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía, describiendo el nuevo cargo como una simple reprimenda en comparación con los delitos originales de asociación delictuosa, soborno y fraude electrónico, que conllevaban penas de hasta 20 años de prisión.

El acuerdo, que reduce los cargos a una sola violación de la Ley Federal de Campañas Electorales con una pena máxima de un año de cárcel, evitó un juicio que estaba programado para finales de agosto. Tanto Herrera Velutini como Rossini también se declararon culpables este miércoles, optando por el silencio frente a la prensa.

La sentencia para Vázquez está programada para el 15 de octubre, mientras que la de sus coacusados será el 10 de diciembre. Mientras se preparaba para entrar al tribunal, Vázquez calificó los últimos tres años como “terribles” y mantuvo que las acusaciones originales en su contra eran falsas. Su abogado, Ignacio Fernández, afirmó que su cliente “se siente vindicada” con el nuevo cargo.

Este caso deja al descubierto las vulnerabilidades del sistema político puertorriqueño y plantea preguntas incómodas sobre la influencia de capitales extranjeros en las campañas electorales. La investigación periodística debe persistir: ¿Fue este un incidente aislado o solo la punta del iceberg de un problema sistémico de financiamiento político opaco en la isla? La verdad completa aún espera ser revelada.