Fiscalía boliviana investiga a Evo Morales por terrorismo y bloqueos

Un nuevo capítulo en la turbulenta historia política de Bolivia se escribe esta semana. La Fiscalía General del Estado, en un movimiento que ha sacudido los cimientos del establishment político, ha admitido formalmente una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y su aliada Suseth Rodríguez. Los cargos, ocho en total, incluyen acusaciones tan graves como terrorismo e instigación a delinquir, vinculados a los bloqueos de carreteras que paralizaron regiones clave del país.

¿Qué hay detrás de esta decisión judicial? Fuentes cercanas al caso revelan a este medio que el Ministerio Público ha estado recopilando evidencias durante semanas. “No se trata de una acción improvisada”, confirma un fiscal bajo condición de anonimato. “Existen registros audiovisuales, testimonios y documentos que vinculan directamente a los acusados con la organización de las protestas”.

El fiscal general Roger Mariaca, en una declaración que muchos interpretan como un punto de inflexión, fue contundente: “La ley debe aplicarse sin distinciones”. Los cargos específicos incluyen:

• Atentado contra servicios públicos esenciales
• Obstrucción de procesos electorales
• Destrucción de bienes estatales
• Violación de resoluciones constitucionales

Pero la pregunta que muchos se hacen: ¿Estamos ante un caso legítimo de aplicación de justicia o detrás hay motivaciones políticas? Analistas consultados señalan que la simultaneidad con el proceso electoral actual arroja sombras de duda. “El timing es cuanto menos sospechoso”, opina la experta en derecho constitucional Laura Méndez.

Lo que sí es un hecho comprobable: más de 20 detenidos ya enfrentan cargos en Cochabamba, La Paz y otras regiones. Documentos judiciales a los que hemos tenido acceso detallan cómo los bloqueos afectaron el transporte de medicinas y alimentos, generando lo que las autoridades califican como “crisis humanitaria localizada”.

Mientras los simpatizantes de Morales denuncian “persecución política”, las víctimas de los bloqueos tienen otra visión. Juan Castro, transportista afectado, nos cuenta: “Perdí mercancía valorada en miles de dólares. Esto va más allá de ideologías”.

Con el país polarizado y la comunidad internacional observando, este caso podría marcar un antes y después en la democracia boliviana. Una pregunta queda flotando en el aire: ¿Dónde termina el derecho a protestar y comienza el delito organizado?