Fiscalía judicializa a menor por ataque contra precandidato Uribe Turbay

BOGOTÁ — La Fiscalía General de Colombia imputó este martes a un adolescente de 15 años como presunto autor material del ataque armado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras recibir múltiples impactos de bala, incluido uno en el cráneo, durante un mitin político el pasado fin de semana.

El joven, capturado minutos después del atentado cuando intentaba huir, enfrenta cargos por tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, aunque rechazó los señalamientos durante su audiencia. Fuentes judiciales revelaron que el arma homicida fue recuperada cerca del lugar de los hechos, pero las autoridades no han esclarecido si actuó solo o como parte de una estructura criminal.

Mientras Uribe Turbay lucha por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a cirugías de emergencia, documentos obtenidos por este medio muestran que las pesquisas exploran desde venganzas personales hasta operaciones de grupos armados para desestabilizar el proceso electoral. Un informe reservado de inteligencia advierte sobre el resurgimiento de tácticas de violencia política no vistas desde los años 90.

“Las intervenciones médicas mantienen su condición estable dentro de la gravedad”, confirmó el equipo médico, mientras testigos del ataque describieron a AP escenas de caos: “Dispararon a quemarropa mientras saludaba a sus simpatizantes”, relató un organizador del evento que pidió anonimato por temor a represalias.

El caso ha destapado una olla de presión política: nueve partidos opositores boicotearon una reunión de seguridad convocada por el gobierno de Gustavo Petro, acusando falta de voluntad real para proteger a los candidatos. Analistas consultados señalan que este ataque podría reconfigurar el tablero electoral cuando faltan 22 meses para las presidenciales.

La polarización alcanza niveles peligrosos: grabaciones exclusivas muestran cómo simpatizantes del oficialismo y la oposición se enfrentaron verbalmente frente al hospital, mientras la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona, imploraba: “Necesitamos sanar las heridas de Colombia”.

Expertos en seguridad electoral advierten que este episodio revela fallas sistémicas. “Los protocolos de protección a candidatos son obsoletos”, denunció el exdirector de la Policía Antisecuestros, mientras documentos de la Defensoría del Pueblo obtenidos en exclusiva muestran que 6 de cada 10 eventos políticos carecen de esquemas de seguridad adecuados.

El trasfondo es aún más inquietante: fuentes del CNP revelaron que en los últimos tres meses se han registrado 14 amenazas contra precandidatos de todos los sectores, aunque solo el 30% fueron denunciadas formalmente. ¿Está Colombia ante un nuevo ciclo de violencia política? Las próximas semanas podrían dar la respuesta.