Gobierno de Trump busca eliminar protección migratoria para venezolanos

Las fuerzas federales y estatales de Estados Unidos permanecen unidas en operativo contra inmigración ilegal.

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La administración del expresidente Donald Trump elevó este jueves una petición urgente a la Corte Suprema para revocar las garantías migratorias temporales de 350.000 ciudadanos venezolanos, medida que los dejaría en riesgo inminente de expulsión.

El Departamento de Justicia instó al máximo órgano judicial a invalidar el fallo de un magistrado federal en San Francisco que preservó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para la diáspora venezolana, cuyo vencimiento estaba previsto para el mes anterior.

Este programa humanitario, creado en 1990 como red de seguridad geopolítica, autoriza a migrantes de naciones afectadas por catástrofes o conflictos armados a residir y laborar legalmente en suelo estadounidense mientras persistan las condiciones de riesgo en sus países.

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La solicitud gubernamental llega tras el rechazo de un tribunal de apelaciones y en paralelo a otro fallo histórico: un juez en Texas declaró ilegales las deportaciones de venezolanos bajo una arcaica legislación bélica del siglo XVIII, aunque ambos casos proceden en vías separadas.

La administración Trump ha impulsado desde 2017 el desmantelamiento sistemático de protecciones migratorias, incluyendo la cancelación del TPS para aproximadamente 1.1 millones de beneficiarios de Venezuela, Haití y otras naciones. Este escudo jurídico se renueva tradicionalmente en períodos de 18 meses.

El juez federal Edward Chen, designado durante el mandato de Barack Obama, congeló la caducidad programada para el 7 de abril tras evidenciar que su aplicación causaría “daños irreparables” tanto humanitarios como económicos. Su resolución destacó el impacto social de desarraigar a comunidades enteras y las pérdidas millonarias para la economía estadounidense.

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En contraste, el procurador general D. John Sauer argumentó que mantener el TPS vulnera las facultades ejecutivas en materia migratoria y de relaciones exteriores. Según su escrito, la cancelación del estatus no implica automáticamente órdenes de deportación, pues los afectados podrían explorar otras vías legales.

Este pulso judicial ocurre en un contexto geopolítico complejo, donde la crisis venezolana sigue generando el mayor éxodo hemisférico de la historia reciente. Analistas señalan que la decisión final podría sentar precedentes para futuras políticas migratorias y redefinir el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el efecto dominó que tendría esta medida, particularmente en estados como Florida y Texas donde la comunidad venezolana ha impulsado sectores clave como construcción, salud y emprendimiento tecnológico.

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Mientras la Corte Suprema evalúa este caso de alto impacto, más de 300.000 familias viven en la incertidumbre de un veredicto que podría reconfigurar no solo su futuro, sino también el panorama político migratorio de EE.UU. en la era post-Trump.