Washington.— La administración del presidente Donald Trump anunció un nuevo paquete de medidas federales que busca prohibir los tratamientos de transición de género para menores de 18 años en todo Estados Unidos, incluso en aquellos estados donde actualmente son legales. Las propuestas, presentadas por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., representan uno de los golpes más severos a la atención médica para jóvenes trans en el país.
De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, cualquier hospital que continúe ofreciendo estos tratamientos a menores perdería el acceso a financiamiento federal, al quedar excluido de programas clave como Medicare y Medicaid. La medida impediría además que Medicaid cubra bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías relacionadas con la transición de género en menores.
Durante el anuncio, Kennedy afirmó que la llamada atención de afirmación de género “ha causado daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables”, y sostuvo que el objetivo del plan es evitar que el Gobierno federal “haga negocios con organizaciones que infligen daños permanentes a los niños”.
El impacto financiero sería significativo. Según datos de KFF, Medicare y Medicaid financian el 44% del gasto hospitalario en Estados Unidos, frente al 37% cubierto por seguros privados, lo que dejaría a numerosos hospitales en riesgo de reducir servicios o incluso cerrar programas sin esos recursos.
Las restricciones también alcanzan a la industria de insumos médicos. La Administración de Alimentos y Medicamentos enviará cartas de advertencia a 12 fabricantes de fajas para pecho por presunto “mercadeo ilegal” de estos productos a menores como tratamiento para la disforia de género. Asimismo, el HHS buscará revertir el intento de la administración de Joe Biden de incluir la disforia de género dentro de la definición de discapacidad.
Las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación Médica Americana y otras organizaciones médicas han reiterado su llamado a no restringir la atención médica para la disforia de género. En tanto, la Human Rights Campaign acusó al Gobierno de obligar a médicos y hospitales a elegir entre mantener la atención a jóvenes trans o conservar el financiamiento federal, advirtiendo que la medida traslada decisiones clínicas de las familias y profesionales a la esfera política.
En el plano legal, las propuestas deberán pasar por un periodo de consulta pública de 60 días antes de su aprobación definitiva y se anticipan impugnaciones judiciales. No obstante, el contexto ya es restrictivo: más de la mitad de los estados prohíben estos tratamientos para menores. Además, en junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló que los estados veten la atención de afirmación de género; y, en julio, el Gobierno federal inició investigaciones contra médicos y clínicas, lo que llevó a más de 20 hospitales a reducir o cerrar programas para jóvenes trans.
En el Congreso, la Cámara de Representantes —de mayoría republicana— aprobó recientemente un proyecto que criminaliza la atención de afirmación de género para menores, con penas de hasta 10 años de prisión para los médicos. Se prevé además la votación de otra iniciativa para prohibir pagos de Medicaid a estos tratamientos.
Con este conjunto de acciones, la administración Trump consolida una estrategia federal que profundiza las restricciones a la atención médica para personas trans, particularmente niñas, niños y adolescentes, y abre un nuevo frente de debate legal, sanitario y de derechos civiles en Estados Unidos.
