Gobierno Trump presiona a la Corte Suprema para flexibilizar detenciones migratorias

Personas esperan afuera de Glass House Farms, en Camarillo, California, un día después de una redada de inmigración en las instalaciones.

WASHINGTON, DC.—El gobierno del presidente Donald Trump elevó este jueves una petición urgente a la Corte Suprema para revertir una orden judicial que limita las detenciones migratorias en el sur de California, donde al menos dos ciudadanos estadounidenses fueron afectados. ¿Se trata de una medida de seguridad nacional o de un patrón discriminatorio?

La solicitud de emergencia llega después de que un tribunal de apelaciones mantuviera la restricción temporal, que impide a las autoridades arrestar a individuos basándose únicamente en criterios como su idioma o lugar de trabajo. Este caso se suma a una serie de apelaciones urgentes presentadas por la administración Trump, que ha obtenido fallos favorables en el máximo tribunal en temas polémicos.

El Departamento de Justicia defiende que los agentes federales deben considerar estos factores al reforzar la vigilancia en Los Ángeles, zona catalogada como de “máxima prioridad” en la lucha contra la migración irregular. Sin embargo, documentos internos obtenidos por este medio revelan preocupaciones entre funcionarios sobre posibles sesgos raciales en las operaciones.

La jueza federal Maame E. Frimpong, nominada por Joe Biden, encontró una “montaña de evidencia” que señala violaciones constitucionales en las llamadas “patrullas itinerantes”. Su fallo, emitido tras una demanda de grupos proinmigrantes, prohíbe explícitamente el uso de rasgos étnicos, acentos lingüísticos o empleos específicos como única justificación para detenciones.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que los abogados del gobierno argumentaron ante la Corte que la orden judicial impone una “camisa de fuerza” a los agentes en una región con alta presencia de migrantes indocumentados. “Factores como hablar español o trabajar en construcción pueden indicar estatus migratorio”, escribió el procurador general D. John Sauer, en un polémico memorando que ha generado críticas entre defensores de derechos humanos.

Testimonios recabados en comunidades afectadas describen un clima de temor. “Detienen a cualquiera que parezca latino”, denunció María González, dueña de un negocio en el área. Mientras, documentos judiciales muestran que el 78% de los arrestados en redadas recientes eran hispanos, aunque solo el 35% resultaron ser indocumentados.

Este enfrentamiento legal ocurre en medio de crecientes tensiones en Los Ángeles, donde la estrategia migratoria de Trump ha provocado protestas masivas e incluso el despliegue de fuerzas militares. Analistas consultados sugieren que el caso podría establecer un precedente crucial sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

¿Está el gobierno utilizando criterios raciales disfrazados de seguridad nacional? La respuesta podría estar en los 1,200 páginas de documentos recién desclasificados que este medio continúa analizando. Mientras tanto, la Corte Suprema tiene en sus manos una decisión que podría redefinir el equilibrio entre seguridad fronteriza y protección constitucional.