La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras una intervención de Estados Unidos en Venezuela ha generado un amplio debate internacional, mientras la justicia estadounidense formaliza acusaciones por narcotráfico, corrupción y asociación con grupos criminales ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con el dictamen del Gran Jurado, Maduro se encuentra privado de la libertad en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, prisión conocida por albergar a líderes del crimen organizado. En el documento judicial se sostiene que, durante más de 25 años, altos funcionarios venezolanos habrían abusado de sus cargos públicos y corrompido instituciones para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Las acusaciones detallan que Nicolás Maduro Moros, en distintas etapas de su carrera política, habría participado activamente en estas operaciones. Como diputado de la Asamblea Nacional, se le atribuye el traslado de grandes cargamentos de cocaína bajo la protección de fuerzas de seguridad venezolanas. Posteriormente, como ministro de Relaciones Exteriores, presuntamente otorgó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática a vuelos utilizados para el lavado de dinero del narcotráfico desde México hacia Venezuela. Ya como Presidente, el Gran Jurado señala que permitió que la corrupción asociada a la cocaína prosperara en beneficio propio, de su familia y de integrantes de su régimen.
El expediente judicial sostiene además que estas actividades ilícitas enriquecieron y consolidaron a la élite política y militar venezolana, concentrando el poder y la riqueza en el entorno del mandatario. En ese contexto, el Gran Jurado menciona como implicados a figuras clave del oficialismo, entre ellas Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia; Cilia Adela Flores, esposa de Maduro; y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario y diputado de la Asamblea Nacional.
Asimismo, la acusación incluye a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado como líder del grupo criminal Tren de Aragua, organización a la que se atribuyen delitos como extorsión, secuestro, asesinatos, tráfico de drogas y armas, trata de personas y lavado de dinero, con operaciones en Venezuela, Estados Unidos y otros países. Según el documento, desde 1999 Maduro y sus presuntos cómplices habrían mantenido vínculos con narcoterroristas de las FARC, el ELN, así como con el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el propio Tren de Aragua.
La detención del mandatario ha provocado reacciones encontradas a nivel global. Mientras algunos sectores consideran que la acción del presidente estadounidense Donald Trump fue un paso firme contra el crimen organizado, otros califican la intervención como una violación a la soberanía venezolana. El proceso judicial contra Maduro se perfila ahora como uno de los casos de mayor impacto político y judicial en la relación entre Estados Unidos y América Latina en las últimas décadas.
