El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo un estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días. Esta medida constitucional extrema es una respuesta directa a una serie de ataques coordinados y violentos perpetrados por pandillas y grupos del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad del Estado, que resultaron en la muerte de ocho agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos de la capital. La decisión presidencial se enmarca además en un contexto de motines simultáneos en al menos tres centros penitenciarios, lo que evidencia una escalada deliberada de la violencia por parte de estas estructuras criminales.
En su mensaje a la nación, el mandatario fue enfático al señalar que el objetivo primordial de esta disposición es garantizar la protección de los ciudadanos. Arévalo subrayó que el estado de sitio moviliza toda la fuerza del Estado, concentrando las capacidades operativas de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala para actuar de manera contundente contra las pandillas, comúnmente conocidas como maras, y para impedir lo que calificó como “acciones terroristas” destinadas a aterrorizar a la población. Un aspecto crucial de su anuncio fue el intento de calmar a la ciudadanía, precisando que la medida no altera la vida cotidiana ni la movilidad de las personas, ya que su aplicación se restringe específicamente al ámbito del combate contra la criminalidad organizada.
El fundamento legal para esta acción se encuentra en el Artículo 16 de la Ley de Orden Público de Guatemala. Esta normativa permite la implementación del estado de sitio en casos de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan alterar por medios violentos las instituciones públicas, o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado. También es aplicable ante ataques armados contra particulares y autoridades civiles, figura bajo la cual se encuadran los recientes asaltos a los agentes policiales. Este marco otorga a las fuerzas de seguridad facultades excepcionales para realizar detenciones, restringir reuniones y controlar el movimiento en zonas específicas, siempre bajo supervisión judicial posterior.
Paralelamente, y como una medida preventiva conexa, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases a nivel nacional para el lunes 19 de enero. La cartera educativa justificó la decisión en base a recomendaciones de las autoridades de seguridad, con el fin de priorizar la integridad de la comunidad educativa —estudiantes, personal docente y administrativo— mientras las instituciones responsables continúan con las operaciones de contención y estabilización. Esta suspensión puntual refleja la gravedad de la situación en sus horas más críticas, aunque el gobierno insistió en que no se trata de una interrupción prolongada de las actividades ordinarias.
El detonante inmediato de la crisis fue una jornada particularmente sangrienta este domingo, con el asesinato de los ocho policías en emboscadas separadas. Estos ataques parecen ser una retaliación o una demostración de fuerza por parte de las pandillas, en un conflicto que se ha ido recrudeciendo desde mediados del año pasado. En el segundo semestre de 2024, las estructuras de ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) intensificaron su pugna con el Estado por el control dentro del sistema penitenciario. Un punto de inflexión ocurrió el 31 de julio, cuando sus principales líderes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’, en el sur del país, con el objetivo de aislarlos y reducir su capacidad de mando desde prisión.
Este traslado desencadenó una serie de motines y protestas violentas al interior de los centros de reclusión, que alcanzaron un nuevo clímax el pasado sábado con una revuelta en el propio complejo ‘Renovación I’. Las fuerzas de seguridad lograron retomar el control del penal este domingo, y en la operación fue “neutralizado” —según el término utilizado por la Policía Nacional Civil— Aldo Ochoa, identificado como un líder de la pandilla Barrio 18 y uno de los promotores del motín. Ochoa, quien entre sus demandas exigía su traslado a otra prisión y comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio, representa el perfil de los cabecillas que el Estado busca someter.
La declaratoria del estado de sitio por parte de Arévalo, quien asumió la presidencia hace pocas semanas, constituye la prueba de fuego de su estrategia de seguridad. El desafío no es solo operativo, implicando un despliegue masivo y coordinado de fuerzas, sino también político y social. Debe lograr desarticular los ataques inmediatos sin erosionar las garantías ciudadanas, y demostrar que el Estado puede recuperar el monopolio de la fuerza en territorios y centros penitenciarios donde las pandillas han ejercido un control significativo. Los próximos 30 días serán un periodo crítico para evaluar la capacidad de respuesta del gobierno frente a una criminalidad organizada que ha mostrado una audacia y una capacidad de coordinación alarmantes, marcando un momento decisivo para la seguridad y la estabilidad institucional de Guatemala.
