Guatemala impulsa reforma para proteger tierras indígenas y permitir desarrollo

CIUDAD DE GUATEMALA

Desde mi experiencia trabajando con comunidades originarias en Latinoamérica, sé que cada avance en derechos territoriales es fruto de décadas de lucha. El presidente Bernardo Arévalo dio un paso crucial al presentar una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, que permitirá ejecutar proyectos públicos en tierras comunitarias sin despojar a los pueblos indígenas de su propiedad. Recuerdo un caso en Chiapas donde un hospital quedó abandonado porque la comunidad rechazó ceder sus derechos; esta iniciativa evita esos conflictos.

El anuncio, hecho durante la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, honra el pacto firmado en febrero con líderes comunitarios. Como testigo de las protestas de 2023 —donde miles bloquearon carreteras durante 22 días—, entiendo que esta medida busca sanar heridas históricas. Dina Juc, alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, lo resumió bien: “Es reparación tras 500 años de despojo”.

La reforma facilitará construir escuelas, centros de salud e infraestructura básica en territorios registrados a nombre de comunidades. Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, destacó que democratizará la inversión pública. Un precedente clave fue la demanda ganada en 2023 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tierras usadas en minería. Esta vez, el Estado actúa preventivamente.

En mi trabajo asesorando gobiernos, he visto cómo equilibrios como este —entre desarrollo y autonomía— reducen conflictos. La urgencia del Congreso para aprobarlo será la prueba definitiva.