Hegseth justifica el uso de tropas en redadas migratorias ante el Congreso

En una audiencia que reveló profundas fracturas políticas, Hegseth argumentó que los 4,700 uniformados desplegados —incluyendo infantes de marina— cumplían una labor “no letal” de contención. Sin embargo, el senador Jack Reed calificó la medida de “peligroso precedente que desvía recursos de misiones estratégicas”, mientras evidenciaba vacíos legales en su financiamiento.

Las imágenes de soldados estableciendo perímetros de seguridad durante arrestos generaron alarmas jurídicas: la Ley Posse Comitatus prohíbe expresamente que las fuerzas armadas realicen labores policiales en suelo estadounidense. “¿En qué artículo constitucional se amparan?”, interrogó la senadora Patty Murray, vinculando esta acción con las recientes amenazas presidenciales de reprimir protestas.

El intercambio dejó al descubierto una estrategia de seguridad nacional que prioriza la disuasión sobre el marco legal. Analistas señalan que este episodio podría redefinir el papel de las fuerzas militares en crisis domésticas, abriendo un debate sobre hasta qué punto la protección fronteriza justifica excepciones a los derechos civiles.