El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha iniciado un despliegue masivo y sin precedentes en Minneapolis, Minnesota, con el envío de 2,100 agentes federales. Según información confirmada por altos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional a NBC News, este operativo, que comenzó el domingo y se reforzó este lunes, combina dos objetivos claros: la aplicación de leyes migratorias y la investigación de presuntas irregularidades financieras en programas de cuidado infantil.
La estructura del despliegue es meticulosa. De los 2,100 agentes, un contingente de 1,500 está asignado a la División de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), con la misión específica de identificar, detener y procesar la deportación de migrantes indocumentados. Paralelamente, otros 600 agentes pertenecen a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad especializada en delitos financieros y de otro tipo. Su tarea es analizar a fondo las denuncias de fraude en centros de cuidado infantil, alegaciones que se viralizaron recientemente a través de un video que acusaba a diez guarderías de gestión somalí de recibir fondos federales sin prestar los servicios correspondientes.
La investigación de HSI ya había comenzado de forma discreta la semana pasada, con agentes visitando negocios gestionados por la comunidad somalí. Con este nuevo despliegue, la escala de esas pesquisas se incrementará de manera significativa. Expertos en aplicación de la ley anticipan que esta doble presión—investigaciones financieras y redadas migratorias—podría resultar en un aumento sustancial de arrestos en los próximos días, creando un clima de tensión y temor en comunidades específicas.
El contexto político es ineludible. A finales de diciembre, tras la circulación del video del influyente derechista Nick Shirley, el Departamento federal de Salud y Servicios Humanos congeló todos los pagos federales destinados a los centros infantiles de Minnesota. Sin embargo, el Departamento estatal de Niños, Jóvenes y Familias salió al paso, defendiendo que las guarderías bajo escrutinio “funcionaban según lo previsto”. Esta discrepancia entre autoridades federales y estatales subraya la naturaleza politizada de la operación.
El impacto en la escena local ya es palpable. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, anunció este lunes que abandona su candidatura para la reelección a un tercer mandato. En su comunicado, hizo una clara referencia al escrutinio por las acusaciones de fraude, afirmando que “las maniobras políticas que estamos viendo por parte de los republicanos solo están haciendo que esa lucha sea más difícil de ganar”. Su retirada se interpreta como un reconocimiento de cómo este tema ha alterado el panorama electoral estatal.
Según reportes de CBS News, este despliegue está planeado para una duración inicial de 30 días y estará comandado por Greg Bovino, un alto mando de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Bovino no es nuevo en operaciones controvertidas; anteriormente dirigió los polémicos despliegues federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans, lo que sugiere una estrategia nacional probada y que ahora se aplica en el Medio Oeste.
Las declaraciones del expresidente Donald Trump añaden otra capa de análisis. En un mitin en Pennsylvania en diciembre, se refirió a los inmigrantes somalíes con términos despectivos, calificando sus lugares de origen como “un desastre” y utilizando adjetivos degradantes. Este lenguaje establece un marco político y social que muchos analistas ven como un preludio o justificación para operativos de aplicación de la ley dirigidos y desproporcionados.
Este operativo, bautizado como “Metro Surge”, no es completamente nuevo en Minnesota. ICE lanzó una fase inicial a principios de diciembre, que en sus primeras dos semanas resultó en más de 400 arrestos. Aquel despliegue inicial, que añadió un centenar de agentes externos a la ciudad, encontró un obstáculo logístico inesperado: las gélidas temperaturas invernales de Minnesota, que, según reconocieron las propias autoridades, limitaban la movilidad de las personas y, por ende, la efectividad de las redadas callejeras.
La llegada de 2,100 agentes supera con creces aquel esfuerzo previo y señala una intensificación decisiva. Las implicaciones prácticas son vastas. Más allá del inmediato impacto en las deportaciones y las posibles imputaciones por fraude, un despliegue de esta magnitud consume recursos judiciales, afecta la dinámica social y económica de los barrios, y redefine la relación entre las comunidades de inmigrantes y las autoridades. La operación pone a prueba los mecanismos de coordinación entre agencias federales y las autoridades locales, en un estado donde la respuesta política ya muestra profundas fracturas. El resultado será un caso de estudio sobre la intersección entre aplicación de la ley, política migratoria y estrategias de comunicación en un año electoral.
