Un total de treinta y una personas fueron arrestadas el pasado sábado durante una manifestación en el Centro de Detención Krome, ubicado en el condado de Miami-Dade.
Las autoridades de la Oficina del Alguacil informaron que la intervención se produjo después de que un grupo de manifestantes bloqueara deliberadamente la puerta principal de acceso a las instalaciones y, tras múltiples requerimientos, se negara a desalojar la zona. La protesta, organizada por el movimiento Sunrise Movement, se centró en denunciar las condiciones y las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.
Los participantes portaban fotografías de individuos que han fallecido bajo custodia en diversos centros de detención migratoria, junto con pancartas con lemas como “ICE secuestró a mi vecino”. A través de estos actos simbólicos, los manifestantes buscaron visibilizar lo que describen como un trato cruel e inhumano hacia los miembros de sus comunidades por parte de la agencia federal.
Carly Shaffer, una de las organizadoras del Sunrise Movement, expresó una postura contundente durante el acto, afirmando que “ICE es una organización criminal que aterroriza a la gente común en nombre de multimillonarios fascistas”. Shaffer añadió que, en su opinión, la agencia carece de legitimidad para “secuestrar” a vecinos y llamó a la ciudadanía a confrontar sus tácticas de intimidación.
Por su parte, Manu Guerrero, representante del Sunrise Movement en Miami, enfatizó la perspectiva de las generaciones más jóvenes, declarando: “Como jóvenes, nos negamos a aceptar un futuro en el que nuestros amigos y familiares puedan desaparecer sin previo aviso. Estamos actuando porque nuestras comunidades merecen seguridad y la libertad de vivir sin miedo”.
Estas declaraciones reflejan una crítica profunda hacia las políticas de inmigración y la operativa de ICE, situando la protesta en un contexto nacional más amplio de debate sobre la aplicación de la ley migratoria y la protección de los derechos fundamentales. La acción directa de bloquear el acceso a una instalación federal representa una escalada en las tácticas de desobediencia civil utilizadas por algunos grupos activistas, quienes argumentan que las vías de diálogo convencionales no han producido cambios sustanciales.
Desde la perspectiva de las fuerzas del orden, la respuesta se fundamentó en la necesidad de garantizar la seguridad y el funcionamiento ininterrumpido de una instalación considerada crítica. Las autoridades reiteraron su apoyo al derecho constitucional a la protesta pacífica, pero subrayaron que dicho derecho no puede extenderse a acciones que impidan el acceso o el normal desarrollo de las operaciones gubernamentales.
Después de que las reiteradas órdenes de dispersión fueran ignoradas, los agentes procedieron a realizar las detenciones, imputando a los individuos cargos relacionados con allanamiento. Es de destacar que, según los informes oficiales, no se produjeron incidentes violentos ni se reportaron heridos durante el desarrollo de la operación. Este evento en Krome no es un incidente aislado, sino que se enmarca en una serie creciente de movilizaciones que tienen lugar en distintas partes del país, dirigidas a cuestionar la existencia y los métodos de los centros de detención de ICE.
El debate subyacente enfrenta la postura que prioriza la aplicación estricta de las leyes de inmigración con la que aboga por una reforma profunda del sistema, basada en consideraciones humanitarias y en la defensa de los derechos civiles. El resultado de este enfrentamiento de ideologías y tácticas continuará moldeando el panorama político y social en materia de inmigración en los Estados Unidos.
