La justicia frena una política migratoria excluyente
Un tribunal federal ha emitido una orden de bloqueo nacional contra una directiva de la era Trump que impedía la inscripción de menores sin estatus migratorio regular en Head Start, el programa de educación preescolar financiado con fondos federales.
Asociaciones de Head Start en múltiples estados interpusieron una demanda colectiva contra el cambio regulatorio impulsado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El fallo judicial emitido en Washington este jueves amplía a nivel nacional la suspensión temporal que una coalición de 21 fiscales generales demócratas había conseguido previamente en sus jurisdicciones.
Esta decisión judicial representa un contrapeso crucial a las políticas de exclusión sistemática. En julio, el Departamento de Salud propuso una reinterpretación normativa para restringir el acceso a servicios sociales esenciales, incluidos programas de salud comunitaria y educación temprana, a la población inmigrante irregular.
La medida formaba parte de una estrategia broader de la administración Trump para redefinir las reglas de elegibilidad federal, reclasificando estos programas como “beneficios públicos federales” y thus excluyendo automáticamente a personas sin estatus legal. Esta reclasificación buscaba, según declaraciones del secretario, desincentivar la migración irregular.
El fallo judicial no solo restaura el acceso inmediato a educación temprana para miles de menores, sino que sienta un precedente crítico sobre los límites del poder ejecutivo en materia de derechos fundamentales y inclusión social.
