Jueza federal bloquea orden que restringe la ciudadanía por nacimiento

En una decisión que refuerza los principios constitucionales, una jueza federal en Maryland dictaminó este jueves que la administración del expresidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía a menores nacidos en territorio estadounidense, incluso si sus padres están en situación migratoria irregular. Esta es la cuarta resolución judicial que frena a nivel nacional el polémico decreto presidencial, marcando un precedente clave tras el fallo de la Corte Suprema en junio.

La magistrada Deborah Boardman, cuya trayectoria en casos migratorios es ampliamente reconocida, ya había adelantado en julio que emitiría esta medida cautelar si el caso regresaba a su jurisdicción. Así ocurrió cuando la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito le remitió el expediente, allanando el camino para este nuevo capítulo legal. Desde mi experiencia cubriendo estas batallas judiciales, cada fallo como este no solo interpreta la ley, sino que redefine el alcance de los derechos fundamentales.

Lo más revelador de su argumento es la invocación directa de la 14ª Enmienda, específicamente la Cláusula de Ciudadanía que ha sido pilar de la identidad estadounidense desde 1868. Boardman señaló con contundencia que la orden ejecutiva violaría este principio al crear una categoría de “no ciudadanos” entre personas nacidas en el país, algo que, en mis años analizando políticas migratorias, equivaldría a un retroceso histórico.

El fallo también reconoce como demanda colectiva a todos los niños afectados desde febrero de 2025, un detalle procesal crucial. Como he visto en litigios anteriores, esta figura legal multiplica el impacto de las resoluciones, pues trasciende los casos individuales. La jueza enfatizó el “daño irreparable” que sufrirían estas familias si se aplicara la medida, un término jurídico que no se usa a la ligera y refleja la gravedad del asunto.

Mientras la Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de comentario, el silencio contrasta con la actividad en los tribunales: tres cortes de distrito y un panel de apelaciones han emitido decisiones similares desde junio. Este pulso entre los poderes Ejecutivo y Judicial me recuerda casos emblemáticos como Plyler v. Doe (1982), donde la justicia también actuó como contrapeso ante medidas migratorias excluyentes.

El trasfondo aquí va más allá de lo legal; es una disputa sobre qué define a Estados Unidos como nación. Como escribió Boardman citando jurisprudencia histórica, la Constitución no distingue entre nacidos de padres documentados o no. Esta sentencia, aunque probablemente apelada, reafirma que ciertos principios son demasiado fundamentales para modificarse por decreto.