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Internacional

Justicia colombiana sanciona a menor por ataque a precandidato

La justicia colombiana emite su fallo en un caso que conmocionó al país y que aún busca respuestas sobre los verdaderos autores intelectuales.

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Un tribunal de justicia en Colombia impuso una medida sancionatoria a un adolescente de 15 años, quien admitió su responsabilidad en el ataque armado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hecho que culminó con la muerte del político tras una prolongada hospitalización.

La sentencia condena al joven a cumplir una pena de siete años de internamiento en una institución correccional designada para menores infractores, en estricto cumplimiento del código de infancia y adolescencia colombiano, el cual establece un sistema de responsabilidad penal diferenciado para quienes no han alcanzado la mayoría de edad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el individuo se presentó en un acto proselitista el pasado 7 de junio en un parque de Bogotá y efectuó varios disparos por la espalda contra Uribe Turbay, quien se encontraba dirigiendo su alocución ante simpatizantes.

Inmediatamente después del agresión, el sujeto fue sometido y aprehendido por integrantes del equipo de seguridad del candidato, quienes lograron reducirle durante su intento de fuga.

Este caso forma parte de una investigación macro judicial que ha llevado a la captura de otros cinco implicados, presuntamente involucrados en la orchestración y ejecución material del magnicidio. Las autoridades continúan las indagaciones para esclarecer los motivos detrás del crimen y individualizar a los autores intelectuales.

El Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha manifestado que la línea investigativa prioritaria apunta hacia la posible participación de la organización disidente Segunda Marquetalia, facción escindida de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por su parte, la familia de la víctima ha interpuesto una solicitud formal para que el hecho sea catalogado como crimen de lesa humanidad, una figura jurídica que impediría la prescripción del delito y garantizaría la perpetuidad de la investigación.

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