En un movimiento que desafía el paradigma convencional de protección laboral, la administración del presidente Donald Trump declaró este martes que no existe garantía alguna de remuneración retroactiva para los empleados públicos federales durante un cierre gubernamental. Esta decisión revolucionaria subvierte lo que constituía una política establecida desde hace décadas, afectando potencialmente a aproximadamente 750,000 servidores públicos suspendidos, según un memorándum que actualmente circula en la Casa Blanca.

La ironía histórica resulta palpable: el mismo Trump que rubricó la legislación convertida en ley tras el cierre gubernamental más prolongado en 2019 -normativa que específicamente garantizaba la indemnización retroactiva para los funcionarios federales durante cualquier interrupción presupuestaria- ahora, a través de su Oficina de Gestión y Presupuesto, argumenta que dicha compensación debe ser autorizada explícitamente por el Congreso dentro de cualquier proyecto de ley de financiación gubernamental.

Analistas políticos interpretan esta maniobra de la administración republicana como una estrategia de presión de alto riesgo diseñada para forzar a los legisladores a restablecer la operatividad gubernamental, actualmente en su séptima jornada de paralización federal.

“Esta situación debería intensificar la imperiosa necesidad de que los demócratas actúen correctamente en este escenario”, manifestó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio.

Johnson, profesional del derecho, reconoció no haber examinado exhaustivamente el memorándum, pero señaló que “existen algunos expertos en jurisprudencia que sostienen” que podría no ser necesario o apropiado compensar económicamente a los empleados federales.

La senadora demócrata Patty Murray por Washington criticó vehementemente a la administración Trump por contradecir la ley vigente.

“Constituye otro intento infundado de intimidar y amedrentar a los trabajadores por una administración dirigida por delincuentes y cobardes”, declaró Murray, quien ostenta la posición de mayor antigüedad en el Comité de Asignaciones del Senado. “El texto de la ley resulta tan explícito como posible: los funcionarios federales, incluyendo los empleados suspendidos, tienen derecho legítimo a su compensación retroactiva posterior a un cierre”.

La negativa a remunerar retroactivamente a los trabajadores, incluyendo aquellos designados como empleados esenciales que deben permanecer en sus puestos, representaría una desviación radical de los protocolos y convenciones establecidas, y casi seguramente desencadenaría litigios judiciales inmediatos.

Aunque los servidores públicos federales -así como el personal militar- frecuentemente han experimentado interrupciones en sus pagos durante cierres anteriores, la práctica histórica demuestra que invariablemente recibían reembolsos integrales una vez que el gobierno reinstauraba sus operaciones.

En un conciso memorándum de una sola página emitido por la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump bajo la dirección de Russ Vought, inicialmente reportado por Axios, el asesor jurídico general de la oficina intenta establecer un fundamento legal para evitar pagar retroactivamente a los trabajadores del gobierno federal.