La captura de Maduro desata una crisis de poder en Venezuela

Una transmisión en cadena nacional mostró al alto mando militar venezolano, uniformado y en formación. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, leyó un comunicado que resonó como un parte de guerra en tiempos de paz fracturada. Exigió la “rápida liberación” del presidente Nicolás Maduro, a quien describió como “secuestrado” en una “brutal agresión militar” contra la soberanía nacional. Pero, ¿qué hay detrás de esta muestra de unidad férrea? ¿Es realmente el reflejo de una institución cohesionada o el último acto de un apoyo que se sabe observado en un tablero geopolítico irreversiblemente alterado?

La narrativa oficial, emitida desde el corazón del poder castrense en Caracas, pinta un cuadro de victimización: soldados estadounidenses actuando “a sangre fría”, un operativo nocturno que violó la soberanía, un mandatario arrancado de su país. Sin embargo, esta versión choca frontalmente con el anuncio hecho horas antes por el presidente estadounidense Donald Trump, quien presentó la acción como la conclusión de meses de presión y una medida de justicia. La pregunta que flota en el aire es incómoda y necesaria: ¿Dónde terminan los hechos verificables y comienza la construcción propagandística de un nuevo mito fundacional para el chavismo sin su líder visible?

La investigación periodística, consultando fuentes en los pasillos del poder y analizando documentos legales, revela capas más profundas. El verdadero poder en Venezuela, durante años, no ha residido únicamente en el Palacio de Miraflores, sino en una compleja red de intereses donde los militares controlan sectores clave de la economía, desde el petróleo hasta la alimentación. La designación exprés de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como encargada, avalada por una Sala Constitucional afín, no es un simple trámite. Es un movimiento calculado para mantener el control del aparato del Estado dentro del círculo íntimo de Maduro, asegurando la continuidad del sistema mientras se gestiona la crisis.

Pero otro testimonio emerge para desafiar esta narrativa de continuidad. El exdiplomático Edmundo González, reconocido por una parte de la comunidad internacional como el presidente legítimo tras las polémicas elecciones de 2024, lanzó un mensaje directo a los uniformados. En un video difundido por redes sociales, hizo un “llamado sereno” a que su lealtad sea con la Constitución y el pueblo, no con un hombre. Su declaración de que “quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país” no es solo una opinión; es un desafío político y legal que busca redefinir la lealtad institucional en un país fracturado.

Conectando estos puntos aparentemente inconexos –la retórica beligerante del alto mando, la designación de un sucesor interno, el llamado del liderazgo opositor– se vislumbra el verdadero campo de batalla: no es solo la liberación de Maduro, sino la definición del futuro constitucional de Venezuela. La orden de Padrino López al pueblo de “retomar sus actividades” y “no caer en la guerra psicológica” delata un temor subyacente: el colapso del orden interno. Mientras, organizaciones de la sociedad civil como el Foro Penal documentan una realidad opresiva: 863 personas detenidas, según sus registros, “por razones políticas”. La promesa de González de lograr su “liberación inmediata” señala una de las fracturas morales y políticas más profundas que cualquier transición deberá resolver.

La revelación final de esta investigación no es un solo hecho, sino una perspectiva transformadora. Lo ocurrido no es un episodio aislado de captura de un líder, sino el detonante que ha forzado a todos los actores –militares, sucesores designados, oposición y comunidad internacional– a mostrar sus cartas en un juego donde las reglas han cambiado de la noche a la mañana. La fidelidad castrense, puesta a prueba como nunca, ya no se jura solo ante un hombre, sino ante la sombra de su ausencia y la presión de una legitimidad disputada. El futuro de Venezuela se escribe ahora en la tensión entre la cohesión impuesta por un mando que se afirma firme y el llamado a un deber constitucional que, para millones, representa la única vía hacia la democracia.

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