Una Demolición que Despierta Más Preguntas que Polvo
El ruido de la maquinaria pesada retumbó este lunes en los jardines más icónicos de Estados Unidos. Mientras equipos de construcción destrozaban metódicamente la fachada del Ala Este de la Casa Blanca, una pregunta crucial flotaba en el aire, tan pesada como el acero que cedía: ¿Por qué se avanza con un proyecto de 250 millones de dólares sin el aval explícito de la agencia federal designada para supervisarlo?
Desde un parque adyacente, periodistas fueron testigos de cómo se desmantelaba un ala histórica, la base operativa tradicional de la primera dama, erigida en 1902 y renovada en múltiples ocasiones. El presidente Donald Trump, sin embargo, parecía celebrar el momento. Durante un evento con campeones de béisbol universitario en la Sala Este, señaló el trabajo que ocurría “justo detrás de nosotros”. “Tenemos mucha construcción en marcha, que podrían oír de vez en cuando”, afirmó. “Acaba de comenzar hoy”.
Pero, ¿qué autoriza exactamente este comienzo? Nuestra investigación revela un vacío legal que la administración parece estar explotando. La Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC, por sus siglas en inglés), el organismo que debe aprobar las construcciones y renovaciones significativas en edificios gubernamentales de Washington, no ha dado su visto bueno al proyecto del fastuoso salón de baile.
La justificación proviene de una figura clave: Will Scharf, presidente de la comisión y, en una clara superposición de roles, secretario del personal de la Casa Blanca y uno de los principales asesores de Trump. En una reunión de septiembre, Scharf argumentó que la NCPC carece de jurisdicción sobre la demolición y los trabajos de preparación del terreno en propiedades federales. “En esencia, lo que manejamos es construcción, edificación vertical”, declaró.
Este razonamiento deja una incógnita fundamental: si la demolición ya está en marcha sin supervisión, ¿qué garantías hay de que la “edificación vertical” del colosal salón de 8.360 metros cuadrados sí será sometida a escrutinio? La Casa Blanca se ha negado a responder a las solicitudes de comentarios sobre si los planos han sido presentados para su revisión. Para mayor opacidad, las oficinas de la comisión están cerradas debido al cierre del gobierno, un escenario que paraliza otras dependencias pero no este controvertido proyecto.
Trump ha defendido la obra argumentando que presidentes han anhelado este salón durante 150 años y que la actual Sala Este, con capacidad para 200 personas, resulta insuficiente. Asegura que el diseño “reseta totalmente el edificio existente” y promete que se completará “¡sin costo alguno para el contribuyente estadounidense!”, financiado por “patriotas generosos, grandes empresas estadounidenses y su servidor”.
Sin embargo, la persistente falta de transparencia sobre los donantes y los contratistas, sumada a la cuestionable estrategia de proceder sin una aprobación regulatoria clara, pinta un cuadro más complejo. No se trata solo de construir un nuevo espacio para recepciones; parece ser una maniobra para redefinir los límites del poder ejecutivo sobre los símbolos nacionales, todo ello mientras se elude el proceso de supervisión establecido. La demolición del Ala Este no es solo una obra; es una declaración.
