La Casa Blanca vincula fondos federales a la agenda política universitaria
La administración federal ha presentado una propuesta disruptiva a nueve instituciones de élite: alinearse con las directrices políticas del presidente Donald Trump para obtener un acceso preferencial a las arcas del gobierno.
Este memorándum, un manifiesto para la reestructuración de los campus, insta a las universidades a adoptar la visión gubernamental en áreas críticas como los criterios de admisión, la participación en deportes femeninos, la libertad de expresión, la disciplina estudiantil y la asequibilidad de la educación superior.
La firma de este convenio otorgaría a las instituciones educativas una ventaja competitiva en la adjudicación de subvenciones federales, sin que esto implique la exclusividad del financiamiento. Según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo anonimato, las universidades adherentes también ganarían acceso privilegiado a eventos oficiales y mesas de diálogo con altos funcionarios.
Bautizado como “Pacto por la Excelencia Académica en la Educación Superior”, el documento de diez páginas exige la adopción de la definición biológica de género del gobierno para instalaciones y equipos deportivos. Además, propone la eliminación de consideraciones de raza, género y otros datos demográficos en las admisiones, y reinstaura la obligatoriedad de los exámenes estandarizados SAT o ACT para los aspirantes a pregrado.
El miércoles, el documento fue enviado a un selecto grupo de universidades públicas y privadas: Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, Dartmouth College, la Universidad del Sur de California, el MIT, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown y la Universidad de Virginia. Los criterios para su selección y la posibilidad de que se extienda la oferta a otras instituciones permanecen bajo especulación.
Este movimiento marca un giro táctico en la estrategia gubernamental, optando por un modelo de incentivos y recompensas en lugar de sanciones. Muchas de estas demandas reflejan conflictos anteriores, donde la Casa Blanca recortó fondos a universidades como Harvard y Columbia, acusadas de sesgo ideológico, decisiones que posteriormente fueron revocadas por la justicia federal.
La mayoría de las universidades receptoras declararon estar evaluando la propuesta sin ofrecer comentarios inmediatos. Sin embargo, los principales funcionarios del sistema de la Universidad de Texas se manifestaron “honrados” por la inclusión de su campus en Austin y las “posibles ventajas de financiamiento”, según un comunicado de Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes.
El pacto también establece techos en la matrícula internacional, limitándola al 15% del total de estudiantes de pregrado, con no más de un 5% proveniente de un mismo país. Aunque la mayoría de las instituciones invitadas cumplen con este umbral, alrededor de 120 universidades a nivel nacional lo superan.
Uno de los objetivos más ambiciosos del memorándum es fomentar un ecosistema intelectual diverso, actuando como contrapeso a lo que percibe como una ideología dominante. Exige a las universidades garantizar un “mercado vibrante de ideas”, evaluando la diversidad de perspectivas entre el alumnado y el profesorado, y llegando incluso a sugerir la transformación o abolición de unidades que, a su juicio, supriman las ideas conservadoras.
Además, el acuerdo busca neutralizar el tipo de protestas que surgieron en los campus durante el conflicto entre Israel y Hamás, comprometiendo a las instituciones a evitar interrupciones académicas y asegurar que las manifestaciones no deriven en acoso.
Como compromiso de asequibilidad, los campus firmantes deberían congelar la matrícula para estudiantes nacionales durante un lustro. Aquellas instituciones con dotaciones superiores a los dos millones de dólares por estudiante de pregrado estarían obligadas a ofrecer gratuidad en programas de disciplinas STEM (“ciencias duras”).
