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 La Corte Suprema autoriza a Trump a suspender ciudadanía por nacimiento en 28 estados

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La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al expresidente Donald Trump implementar una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento en 28 estados del país. Aunque el fallo no resuelve si esta medida es constitucional, sí le da luz verde para aplicarla de manera temporal mientras continúan los procesos legales.

La decisión, tomada por seis votos a favor y tres en contra, fue redactada por la jueza Amy Coney Barrett. Los magistrados aclararon que la orden no entrará en vigor sino hasta dentro de 30 días, lo que dará tiempo a que se sigan presentando impugnaciones en tribunales inferiores. La Corte evitó pronunciarse sobre la legalidad de fondo, dejando abierta la posibilidad de discutirla más adelante.

La medida firmada por Trump el 20 de enero, al iniciar su segundo mandato, busca eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. La decisión generó una fuerte reacción: 22 estados liderados por demócratas y diversas organizaciones presentaron demandas para frenar la orden.

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“Llevo cuatro décadas en el banquillo. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como lo es esta”, dijo el juez federal John Coughenour al calificar la orden de Trump como “descaradamente inconstitucional”. Coughenour fue uno de los jueces que suspendió temporalmente la medida en todo el país, a pesar de que no todos los estados presentaron recursos legales.

Otros jueces federales en Maryland y Massachusetts también bloquearon la orden y extendieron sus fallos a nivel nacional. Esto provocó que el gobierno de Trump presentara una solicitud de emergencia el 13 de marzo, argumentando que los jueces no deberían tener poder para detener políticas en todo el país, sino solo en los estados directamente implicados.

La Corte Suprema decidió escuchar los argumentos orales en mayo, algo poco común en casos de emergencia. En ese debate, varios jueces expresaron su preocupación por permitir que jueces de primera instancia detuvieran políticas federales con alcances nacionales. Al mismo tiempo, se cuestionaron los posibles efectos de permitir que la orden de Trump se aplicara parcialmente.

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“¿Cómo nos haría llegar con prontitud los méritos de este caso?”, preguntó el juez Neil Gorsuch a un abogado que representaba a los estados opositores.

El centro del debate legal está en la 14.ª Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos”. Este derecho fue respaldado por la Corte Suprema en 1898 y ha sido confirmado durante más de un siglo.

Por ahora, la orden ejecutiva de Trump se aplicará únicamente en los 28 estados que no la impugnaron. Sin embargo, la legalidad definitiva de esta medida podría ser decidida más adelante por el máximo tribunal del país, en un caso que podría cambiar profundamente la política migratoria estadounidense.

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