Un Caso que Podría Redefinir la Segunda Enmienda
WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para abordar una compleja encrucijada legal: determinar la constitucionalidad de que los consumidores habituales de cannabis puedan ser propietarios de armas de fuego. Este no es un caso aislado; es el episodio más reciente en una batalla jurídica que se intensificó tras la decisión del tribunal de 2022 que expandió drásticamente los derechos de portación.
Pero, ¿qué impulsa realmente este escrutinio? La investigación revela que la génesis se remonta a una petición del gobierno del entonces presidente Donald Trump, instando a los jueces a reabrir el proceso contra Ali Danial Hemani, un hombre de Texas. La acusación: un delito grave por poseer un arma de fuego en su domicilio mientras admitía ser un usuario frecuente de marihuana. El Departamento de Justicia apeló después de que un tribunal inferior anulase, en gran medida, una normativa federal que prohíbe a los consumidores de cualquier sustancia ilícita ser armeros.
La sombra de este precedente es alargada. El año pasado, un jurado condenó a Hunter Biden por violar esta misma ley, entre otros cargos, un caso que su padre, el presidente Joe Biden, cerraría posteriormente con un indulto. Esto plantea una pregunta incisiva: ¿estamos ante una aplicación consistente de la ley o ante una herramienta legal selectiva?
Los argumentos orales están programados para principios de 2026, con un veredicto esperado para el verano de ese mismo año. La demora en sí misma es un dato revelador, sugiriendo la profundidad del debate constitucional que se avecina.
La postura del gobierno republicano parece navegar en aguas contradictorias. Mientras tradicionalmente favorece una interpretación expansiva de la Segunda Enmienda, sus fiscales han argumentado en este caso que la prohibición es una restricción justificable y necesaria. ¿Dónde traza la línea un gobierno conservador entre el derecho a portar armas y la seguridad pública?
La defensa de Hemani logró una victoria significativa cuando la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito determinó que la prohibición general es inconstitucional. Sin embargo, los magistrados de apelación matizaron su fallo, concluyendo que la ley aún podría aplicarse contra individuos acusados de estar simultáneamente bajo los efectos de drogas y en posesión de un arma. Esta distinción abre un nuevo flanco de debate legal.
Los abogados defensores argumentan con fuerza que la legislación actual coloca a millones de ciudadanos en riesgo de cometer violaciones técnicas. Los datos son elocuentes: según estadísticas sanitarias federales, al menos el 20% de los estadounidenses han consumido marihuana. Aproximadamente la mitad de los estados de la Unión han legalizado su uso recreativo, creando un choque frontal con su estatus de ilegalidad bajo la ley federal. Esta discrepancia normativa genera un limbo jurídico para millones.
Frente a estos argumentos, el Departamento de Justicia sostiene que la normativa es válida cuando se aplica a consumidores habituales de estupefacientes, ya que estos representan un “grave riesgo para la seguridad pública”. Los documentos judiciales detallan que el FBI encontró el arma y cocaína de Hemani durante un registro domiciliario relacionado con una investigación sobre viajes y comunicaciones supuestamente vinculadas a Irán. Sin embargo, aquí surge una revelación crucial: el cargo por el arma fue el único que finalmente se presentó. Sus abogados alegan que las otras acusaciones, más graves, eran irrelevantes para este caso y se mencionaron estratégicamente para presentar a su cliente como una amenaza mayor.
Al conectar estos puntos dispersos, surge una narrativa más profunda. Este caso trasciende la simple posesión de un arma; es una batalla por la definición de “persona responsable” en una sociedad donde las leyes estatales y federales sobre drogas están en abierta contradicción. La decisión final de la Corte Suprema no solo resolverá el destino de Ali Danial Hemani, sino que podría reescribir los límites de un derecho fundamental en la era de la liberalización del cannabis, forzando a la nación a reconciliar sus guerras culturales con su Carta de Derechos.
