El Gobierno de Trump lleva a la Corte Suprema su polémica orden sobre ciudadanía
La administración del presidente Donald Trump ha presentado ante el máximo tribunal una solicitud para validar su controvertida disposición sobre la nacionalidad por derecho de suelo, estableciendo que los menores nacidos de progenitores en situación migratoria irregular o temporal no obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Este recurso legal, conocido por The Associated Press el pasado sábado, inicia un proceso judicial que podría culminar con un veredicto definitivo de los magistrados a principios del verano boreal, determinando si estas restricciones de ciudadanía se ajustan al marco constitucional.
Hasta el momento, las instancias judiciales inferiores han impedido sistemáticamente su aplicación en todo el territorio nacional. La administración republicana no solicita la implementación inmediata de las restricciones antes de la resolución final.
La petición del Departamento de Justicia ha sido notificada a los representantes legales de las partes litigantes, aunque todavía no figura oficialmente en los registros del tribunal constitucional.
La decisión sobre la admisión del caso probablemente se producirá en los próximos meses, con los alegatos orales proyectados para finales del invierno o comienzos de la primavera.
“Las resoluciones de los tribunales de menor jerarquía han invalidado una directiva de capital importancia para el presidente y su administración, afectando nuestra seguridad fronteriza”, argumentó el procurador general D. John Sauer. “Estos fallos otorgan, sin fundamento legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no elegibles”.
Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a los menores afectados por las restricciones, calificó la estrategia gubernamental como manifiestamente anticonstitucional.
“Esta directiva presidencial es ilegal, sin ambages, y ninguna estrategia procesal del gobierno modificará este hecho. Garantizaremos que ningún infante sea despojado de su ciudadanía mediante esta disposición carente de sentido”, declaró Wofsy mediante comunicación electrónica.
Trump rubricó una orden ejecutiva durante su primer día del segundo mandato que pretende transformar más de un siglo de interpretación jurídica sobre la Decimocuarta Enmienda, que tradicionalmente ha garantizado la nacionalidad a todos los nacidos en territorio estadounidense, con contadas excepciones para hijos de cuerpo diplomático o fuerzas de ocupación extranjeras.
En múltiples fallos, los tribunales de primera instancia han invalidado la disposición presidencial por considerarla inconstitucional, o potencialmente anticonstitucional, incluso después de que el tribunal supremo limitara en junio último el uso de medidas cautelares de alcance nacional por parte de los jueces.
Aunque el máximo tribunal restringió las inhibitorias generales, mantuvo vigentes otros instrumentos jurídicos de alcance nacional, incluyendo litigios colectivos y acciones interpuestas por los estados. Los magistrados no se pronunciaron entonces sobre la constitucionalidad sustantiva de la orden de ciudadanía.
