La Corte Suprema frena deportaciones de venezolanos bajo ley del siglo XVIII

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WASHINGTON — En un giro histórico, la Corte Suprema de EE.UU. frenó este viernes el intento del gobierno de Donald Trump de reactivar las deportaciones exprés de migrantes venezolanos mediante una legislación colonial de 1798. La decisión, con solo dos disidencias, marca un precedente en la protección de derechos procesales ante políticas migratorias disruptivas.

El fallo responde a una apelación urgente interpuesta por defensores de ciudadanos venezolanos etiquetados como presuntos pandilleros. La administración Trump buscaba aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros —creada en plena tensión con Francia— para ejecutar expulsiones sin debido proceso, estrategia ya bloqueada temporalmente en Texas el mes pasado.

Este caso se enmarca en la polémica designación del Tren de Aragua como organización terrorista, un movimiento que expertos en derechos humanos califican de “jurisprudencia creativa” para eludir protecciones migratorias actuales. La corte evitó pronunciarse sobre la legitimidad de esta táctica, pero reforzó el derecho a impugnar las deportaciones.

En una opinión colectiva, los magistrados subrayaron: “Los intereses de seguridad nacional deben armonizarse con las garantías constitucionales”. Tres cortes federales ya habían declarado abusivo el uso de esta ley arcaica, aunque un tribunal de Pensilvania la validó esta semana, evidenciando la fragmentación judicial.

La decisión establece que los detenidos deben tener un “tiempo razonable” —superior a las 12 horas propuestas por el gobierno— para presentar recursos legales. La jueza Stephanie Haines fijó un estándar de 21 días en un fallo que, paradójicamente, avaló el marco legal del siglo XVIII para deportaciones futuras.

Este veredicto refleja la tensión entre seguridad nacional y derechos fundamentales en la era de las migraciones globales, donde tecnologías de vigilancia y big data chocan con el activismo digital de organizaciones proinmigrantes. La Corte aclaró que su decisión no afecta otros mecanismos legales de deportación vigentes.

Analistas señalan que el fallo podría influir en el uso de inteligencia artificial para perfilar migrantes, mientras la administración Trump explora algoritmos predictivos en su política fronteriza. Un debate que, como muestra este caso, sigue sin resolver el choque entre normas del pasado y realidades del siglo XXI.