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Internacional

La Corte Suprema revisará el caso de migrantes obligados a trabajar por un dólar

La batalla legal que expone el polémico pago de un dólar diario a detenidos en centros de inmigración privados.

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La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado revisar un caso que podría destapar prácticas laborales controvertidas en centros de detención de migrantes. La disputa gira en torno a GEO Group, una de las mayores empresas privadas de prisiones del país, acusada de obligar a detenidos a realizar trabajos de limpieza y mantenimiento por apenas un dólar al día.

¿Es legal pagar salarios simbólicos a personas bajo custodia? Documentos judiciales obtenidos por este medio revelan que los demandantes, migrantes detenidos en Aurora, Colorado, aseguran que el contrato con GEO Group no justificaba remuneraciones tan bajas. “Era trabajo forzado disfrazado de programa voluntario”, declaró uno de los abogados en una entrevista exclusiva.

La empresa, sin embargo, defiende su postura: alega que cumple con las regulaciones de ICE y que las demandas buscan socavar las políticas migratorias. Pero testimonios de exdetenidos pintan otro panorama. “Nos amenazaban con aislamiento si nos negábamos a limpiar baños por monedas”, relató un hondureño que prefirió mantener su identidad en reserva.

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El caso llega al máximo tribunal tras una batalla legal de ocho años. En 2021, un fallo en Washington ordenó a GEO Group pagar $23 millones por prácticas similares, un precedente que ahora pesa sobre este juicio. Mientras tanto, registros financieros muestran que la compañía facturó $2,300 millones en 2023, en parte gracias a contratos con el gobierno federal.

Organizaciones de derechos humanos han presentado amicus briefs destacando que el 85% de los detenidos en centros privados realizan labores sin pago justo. “Es esclavitud moderna”, denuncia un informe de la ACLU que cita correos internos de GEO Group donde se discuten “recortes en alimentación para mantener márgenes de ganancia”.

La decisión de la Corte, esperada para 2025, podría redefinir los límites legales del trabajo en centros de detención. Mientras tanto, en Newark, activistas como el alcalde Ras Baraka —arrestado en protestas contra un nuevo centro— advierten: “Esto no es sobre un dólar, es sobre cuánto vale la dignidad humana”.

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