La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ha activado una operación nacional de gran alcance dirigida a golpear la infraestructura logística de los principales cárteles de la droga, con un foco particular en el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El objetivo estratégico de esta iniciativa, denominada “América Libre de Fentanilo”, es alterar de manera significativa los ciclos de producción, tráfico y distribución del fentanilo, una sustancia sintética responsable de una crisis de salud pública sin precedentes en el país.
La estrategia se fundamenta en una combinación de acciones de control fronterizo, operaciones de inteligencia avanzada y decomisos a gran escala, diseñadas para ejercer presión directa sobre los grupos criminales. Esta respuesta coordinada surge ante datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que vinculan al fentanilo con aproximadamente 50,000 muertes por sobredosis en el último año. La operación no solo persigue interceptar cargamentos, sino interrumpir activamente la cadena de suministro para reducir la disponibilidad final de la droga en las calles estadounidenses.
Los informes técnicos de la DEA para 2025 ya reflejan un impacto mensurable de la presión ejercida. Se ha identificado un cambio táctico en las operaciones de los cárteles, que han modificado tanto la potencia como los formatos de distribución del fentanilo. Los análisis de laboratorio federal indican que el 29% de las pastillas incautadas actualmente contienen una dosis potencialmente mortal, una proporción notablemente inferior al 76% registrado en 2023. Paralelamente, la pureza promedio del fentanilo en polvo ha disminuido a un 10.3%, marcando una caída relevante frente al 19.5% documentado hace dos años. Este descenso en la potencia y pureza se interpreta, desde un punto de vista analítico, como una consecuencia directa de la presión sobre laboratorios clandestinos y rutas de tráfico, que obliga a los traficantes a adulterar más sus productos.
Ante el incremento de los operativos, las organizaciones criminales no han permanecido estáticas y han acelerado un proceso de diversificación y adaptación. La DEA advierte que los cárteles han ampliado sus operaciones, incrementando el uso de fentanilo en polvo —un formato más fácil de ocultar y mezclar— y trasladando segmentos de la producción hacia el interior de Estados Unidos. Se ha detectado un aumento en el número de centros de fabricación doméstica de pastillas, lo que reduce la dependencia del contrabando fronterizo de producto terminado. Una señal clara de esta tendencia fue el aseguramiento, solo en el mes de octubre, de más de dos docenas de prensas industriales utilizadas para fabricar comprimidos ilícitos dentro del país.
Los resultados cuantitativos de la estrategia, al 1 de diciembre de 2025, son considerables. La DEA ha logrado decomisar aproximadamente 45 millones de pastillas de fentanilo y más de 4,000 kilogramos de fentanilo en polvo. En conjunto, estas incautaciones equivalen a retirar de la circulación alrededor de 347 millones de dosis potencialmente mortales. La inteligencia recabada señala que, como respuesta a estos golpes, los cárteles están priorizando el envío de polvo sobre las pastillas y continúan con los esfuerzos para instalar equipos de manufactura en territorio estadounidense, internalizando así una parte del riesgo operativo.
Esta ofensiva se enmarca dentro de una respuesta gubernamental más amplia a una epidemia que ha cobrado un costo humano devastador. Desde el año 2021, el fentanilo ha provocado la muerte de casi 325,000 personas en Estados Unidos. La iniciativa “América Libre de Fentanilo” busca, por tanto, un enfoque dual que contenga tanto la oferta como la demanda, requiriendo y coordinando el apoyo de autoridades locales y estatales. Complementariamente, la DEA planea ampliar sus campañas de concientización pública, enfocadas en educar sobre los riesgos extremos del consumo de fentanilo —especialmente por su presencia no declarada en otras drogas— y en promover la identificación temprana y respuesta ante una sobredosis, un componente crítico para mitigar el impacto en la salud pública.
