Estados Unidos ha reforzado su campaña militar contra el narcotráfico en aguas internacionales con el hundimiento de dos nuevas embarcaciones, presuntamente utilizadas para el transporte de drogas, en el Pacífico Oriental. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó las operaciones ejecutadas el domingo, en las que fallecieron seis individuos calificados por las autoridades estadounidenses como “narcoterroristas”. Estas acciones elevan a diecinueve el número total de embarcaciones destruidas y a un mínimo de setenta y cinco las personas fallecidas desde que la Administración Trump inició esta ofensiva.
La justificación de Washington se centra en la intercepción de cargamentos ilícitos en rutas marítimas de tráfico conocidas. Hegseth afirmó en sus redes sociales que los servicios de inteligencia disponían de información precisa que vinculaba estas embarcaciones con el contrabando de narcóticos. Sin embargo, esta estrategia ha generado un intenso debate en el ámbito doméstico. Legisladores de ambos partidos, incluidos algunos republicanos, han exigido al Gobierno que proporcione detalles transparentes sobre la identificación de los objetivos y los fundamentos legales que amparan estos ataques letales en aguas internacionales.
La presión política llevó a una reunión la semana pasada entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Hegseth con un grupo bipartidista de legisladores especializados en seguridad nacional. A pesar de las peticiones de mayor supervisión, los republicanos en el Senado votaron recientemente para rechazar una propuesta legislativa que habría limitado la capacidad del presidente Trump para ordenar un ataque militar contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso. Este voto refleja la tensión entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política exterior y el uso de la fuerza militar.
Las operaciones, que comenzaron a principios de septiembre, se han concentrado predominantemente en el mar Caribe, pero han experimentado un desplazamiento progresivo hacia el Pacífico Oriental. Esta zona es crucial para el tráfico de cocaína procedente de los principales países productores a nivel global. El despliegue militar estadounidense en la región se ha incrementado de forma paralela a estas acciones ofensivas. La Administración Trump ha movilizado una fuerza naval considerable hacia aguas sudamericanas, que incluye el envío de un portaaviones, una clara demostración de capacidad logística y de poder disuasorio.
El presidente Trump ha defendido públicamente esta estrategia, argumentando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga. Según su narrativa, las llamadas ‘narcolanchas’ son operadas por organizaciones terroristas extranjeras que están inundando las ciudades estadounidenses con drogas, una acusación que enmarca el problema no solo como criminal, sino como una amenaza a la seguridad nacional. Este enfoque agresivo ha avivado las especulaciones sobre un objetivo estratégico más amplio: la presión para un cambio de régimen en Venezuela.
El líder venezolano, Nicolás Maduro, ha sido acusado formalmente por Estados Unidos de narcoterrorismo. Desde Caracas, Maduro ha denunciado que el Gobierno estadounidense está “fabricando” una guerra en su contra, utilizando la lucha antidroga como un pretexto para una intervención más directa. La situación presenta un complejo entramado donde la lucha contra el narcotráfico se entrelaza con la geopolítica, las tensiones bilaterales y el debate sobre el cumplimiento del derecho internacional en operaciones de contrainsurgencia marítima.
El trasfondo legal de estas operaciones plantea serias cuestiones sobre la aplicación de la fuerza letal en espacios marítimos que, por definición, están fuera de la jurisdicción exclusiva de cualquier estado. Expertos en derecho internacional señalan que, si bien los estados tienen competencia para interceptar embarcaciones sospechosas de tráfico ilícito en alta mar, el uso de la fuerza mortal debe ajustarse a estrictos principios de necesidad y proporcionalidad. La falta de transparencia sobre los protocolos de identificación y ataque genera dudas sobre si se están respetando estos estándares, creando un precedente preocupante para la seguridad marítima global.
Desde una perspectiva estratégica, el desplazamiento de las operaciones hacia el Pacífico Oriental no es casual. Esta área se ha convertido en un corredor vital para el narcotráfico debido a la presión ejercida en rutas más tradicionales, como el Caribe. La capacidad de proyectar poder naval en esta vasta extensión oceánica demuestra un compromiso logístico significativo, pero también subraya la naturaleza adaptativa y resiliente de las redes criminales a las que se pretende combatir. La efectividad a largo plazo de esta campaña se medirá no solo por el número de embarcaciones hundidas, sino por su impacto real en la disponibilidad y el precio de las drogas en el mercado estadounidense, así como en la desarticulación de las estructuras financieras de los cárteles.
Finalmente, la retórica que equipara a las organizaciones narcotraficantes con el terrorismo representa una evolución significativa en el discurso de seguridad nacional. Este marco conceptual permite una aplicación más amplia de recursos militares y de inteligencia, tradicionalmente reservados para conflictos contra actores estatales o grupos terroristas reconocidos. Sin embargo, esta fusión de conceptos también diluye las distinciones legales y operativas entre la aplicación de la ley y la guerra, con implicaciones profundas para las libertades civiles, la privacidad y el alcance del poder ejecutivo en la política doméstica e internacional.
