La excarcelación de Camacho redefine el panorama político boliviano

LA PAZ, Bolivia

En una decisión que resonará en los anales de la política boliviana, un juez ordenó este martes la excarcelación del suspendido gobernador de Santa Cruz y prominente líder opositor, Luis Fernando Camacho. Su encarcelamiento preventivo, que se extendió por dos años y ocho meses bajo cargos de sedición, siempre fue visto por muchos como un termómetro de la tensión política en el país, una situación que he visto repetirse con diferentes actores a lo largo de los años.

Esta medida judicial, tomada tras una exhaustiva audiencia de más de diez horas, no es un hecho aislado. Se produce en el contexto de un reciente mandato de la Corte Suprema de Justicia para revisar los plazos de las medidas cautelares aplicadas no solo a Camacho, sino también a la expresidenta Jeanine Áñez y a otro dirigente opositor, Marco Antonio Pumari, quien también recuperó su libertad. He aprendido que en Bolivia, las decisiones judiciales de alto perfil rara vez son solo sobre la ley; siempre están entrelazadas con el pulso político del momento.

La situación de la expresidenta Áñez es un recordatorio de la complejidad de estos procesos. Ya condenada a una década de reclusión en un juicio ordinario por incumplimiento de deberes, ahora enfrentará un nuevo proceso bajo la figura de juicio de responsabilidades, reservado para exmandatarios. Esto subraya una lección dura: la justicia postergada puede tomar múltiples caminos, y no siempre son lineales.

Según su abogado, Martín Camacho, el gobernador suspendido regresará a Santa Cruz en los próximos días para retomar sus funciones, aunque su panorama inmediato incluye arresto domiciliario con permiso laboral y una nueva audiencia virtual para ratificar su excarcelación. Camacho aún enfrenta procesos por presuntos delitos de terrorismo, sedición y asociación delictuosa, relacionados con las masivas protestas de 2022. En mi experiencia, la libertad condicional bajo estas circunstancias es often un respiro temporal, no necesariamente el final del camino legal.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras Camacho llegaba a la audiencia en La Paz esposado pero portando su banda de gobernador, las afueras del tribunal eran un microcosmos de la polarización boliviana: partidarios vitoreando por su libertad se enfrentaban a gritos de quienes demandaban justicia para las víctimas de las protestas. Esta dualidad, esta fractura social, es quizás la herencia más persistente de los eventos de 2019.

La liberación de Camacho es más que una noticia; es un capítulo crucial en la narrativa de la justicia y la política en Bolivia. No resuelve las profundas divisiones, pero sin duda reconfigura el tablero de juego para todos los involucrados.