La justicia boliviana revisa los plazos de prisión de opositores

LA PAZ, Bolivia

El sistema judicial de Bolivia ha emitido una orden este viernes para verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de las medidas cautelares de prisión preventiva impuestas a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros dos líderes de la oposición, quienes permanecen recluidos por procesos vinculados a la convulsión política de 2019 que culminó con la salida del entonces mandatario Evo Morales.

La directriz del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, instruye a los jueces a “resolver lo que en derecho corresponda” en las situaciones de Áñez, del gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del también encarcelado dirigente opositor Marco Antonio Pumari. El comunicado no ofreció precisiones adicionales sobre el alcance de esta medida.

Camacho encabezó masivas protestas ciudadanas en 2019 junto al líder cívico Pumari, las cuales desembocaron en la renuncia de Morales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) señalara irregularidades y un presunto fraude en los comicios de ese año. Estas movilizaciones registraron un saldo trágico de 37 fallecidos.

El gobernador Camacho se encuentra bajo prisión preventiva desde diciembre de 2022, tras liderar un paro cívico en su región, Santa Cruz, en oposición al gobierno actual del presidente Luis Arce. Enfrenta cinco causas judiciales, incluyendo cargos por supuesta sedición y conspiración.

“Esperamos que el gobernador Camacho pueda recobrar su libertad”, manifestó su abogado defensor, Martín Camacho (sin parentesco), a los medios locales luego de conocerse la instrucción del alto tribunal.

Por su parte, Jeanine Áñez fue privada de libertad desde marzo de 2021 y condenada un año después a una pena de 10 años de reclusión por la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución durante su mandato interino, que se extendió por un año. La exmandataria ha apelado este fallo, argumentando que se realizó en una instancia que no era la legalmente competente.

Recluida en un penal de La Paz, Áñez ha exigido reiteradamente su derecho a ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades, correspondiente a su condición de expresidenta, tanto en la causa por la que fue sentenciada como en otros procesos pendientes en su contra, entre los que se incluyen cargos por la muerte de manifestantes durante los eventos de 2019.

“En estos procesos se ha hecho un uso excesivo de la detención preventiva y lo hemos denunciado”, afirmó su abogado, Luis Guillén.

Áñez, Camacho y Pumari —estos dos últimos sin condenas firmes— se han autoproclamado “presos políticos” y han presentado denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando vulneración de sus garantías fundamentales y del debido proceso. No obstante, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, ha sostenido de manera enfática que en el país andino no existen ciudadanos encarcelados por motivos políticos.