En un giro que ha dejado perplejos a los manuales de ética y ha iluminado con brillantez cegadora los nuevos paradigmas de la probidad gubernamental, la Casa Blanca ha proclamado la absoluta inocencia celestial de su “zar fronterizo”, Tom Homan. La noticia surge tras revelarse que el susodicho zar participó en un ejercicio filantrópico no solicitado, aceptando un modesto estipendio de 50,000 dólares de unos completos desconocidos que, en un arranque de generosidad espontánea, se hicieron pasar por empresarios.
El eminente Tom Homan, practicando la difícil técnica de hablar con periodistas sin que el humo de la virtud le nuble la visión.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó con la paciencia de quien describe un milagro laico que todo fue, en realidad, una emboscada perpetrada por el anterior régimen. Según esta novedosa teoría del complot, la administración Biden, en un alarde de clarividencia, intentó “atrapar” a Homan precisamente porque sabía que estaba destinado a la gloria. Una lógica tan impecable como circular, digna de los mejores tratados de filosofía política.
“El presidente apoya a Tom Homan al 100% porque no hizo absolutamente nada malo”, declaró Leavitt, estableciendo así un nuevo y revolucionario principio jurídico: la inocencia por decreto. Se confirma, pues, que el simple acto de ser un “valiente servidor público” que ayuda a “cerrar la frontera” genera un campo de fuerza moral impenetrable que neutraliza cualquier apariencia de delito.
El Departamento de Justicia, en un ejercicio de agilidad burocrática sin precedentes, sometió el asunto a una “revisión a fondo” y concluyó, para sorpresa de nadie que entienda los nuevos vientos que soplan, que no existía “evidencia creíble de ninguna conducta criminal”. La bolsa con 50,000 dólares, al parecer, fue clasificada como un accesorio de moda o, quizás, un anticipo por servicios de consultoría espiritual aún no prestados.
En un comunicado que será estudiado en las academias de orwelliania, las máximas autoridades judiciales afirmaron que sus recursos deben centrarse en “amenazas reales”, dejando claro que la aceptación de dinero en efectivo por parte de un alto funcionario no representa peligro alguno para la salud de la república. La investigación, por tanto, fue cerrada con la elegancia con la que se cierra un telón después de una farsa bien actuada.
Mientras tanto, el expresidente Trump, desde su rol de ciudadano preocupado por la independencia judicial, ha redoblado sus esfuerzos para que el mismo Departamento de Justicia procese a una selecta lista de sus adversarios. Esta sincronía no es una coincidencia, sino la manifestación de un nuevo sistema de pesos y contrapesos: un contrapeso para los amigos, y todo el peso de la ley para los enemigos.
Como resumió con dolorida lucidez el senador Chris Murphy, “ahora hay dos estándares de justicia en este país”. Uno, de oro macizo, para los leales. Otro, de hielo seco, para los disidentes. En el grandioso teatro de lo absurdo que es la política moderna, la bolsa de dinero no es un objeto de evidencia, sino un merecido trofeo al mérito partidista.
