La ciudad de Minneapolis se encuentra este jueves en un nuevo episodio de tensión y movilización ciudadana. Las calles son escenario de protestas tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles. Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de muertes ocurridas en el contexto de la intensificación de las políticas de control migratorio, un patrón que genera creciente alarma y cuestionamientos sobre los protocolos y el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.
Según la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente actuó en defensa propia al considerar que Good intentaba atropellarlos con su vehículo mientras intentaban detenerla. Sin embargo, esta narrativa ha sido inmediatamente puesta en duda. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha declarado públicamente que las imágenes de video del incidente, que han sido revisadas por las autoridades locales, muestran que los disparos fueron imprudentes y carecían de justificación. Esta contradicción entre la versión federal y la local añade una capa de complejidad al caso y alimenta la indignación de la comunidad, que exige transparencia y responsabilidad.
El fallecimiento de Renee Nicole Good representa al menos el quinto episodio fatal vinculado directamente a operativos del ICE o de otras agencias bajo el paraguas del DHS en un período relativamente corto. Este historial sugiere la existencia de un problema sistémico que va más allá de un error puntual. En septiembre pasado, Silverio Villegas González, un chef de 38 años originario de México, fue abatido a tiros durante una parada de tráfico en los suburbios de Chicago. El DHS alegó que arrastró a un agente con su vehículo, pero videos de cámaras corporales mostraron posteriormente al agente que disparó caminando con aparente normalidad tras el hecho, desestimando la gravedad de sus propias lesiones, lo que contradice el argumento inicial de peligro inminente.
Otros casos ilustran los riesgos extremos que asumen las personas durante estos operativos. En julio, Jaime Alanís, un trabajador agrícola mexicano de 57 años, murió tras caer del techo de un invernadero, a unos nueve metros de altura, mientras intentaba evadir una redada del ICE en una granja de Camarillo, California. Aunque el DHS sostiene que no lo perseguían en ese momento, el contexto de la redada creó las condiciones para la tragedia. De manera similar, en agosto, Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años y originario de Guatemala, fue atropellado y murió al intentar cruzar una interestatal en California huyendo de agentes migratorios. Un caso análogo ocurrió en octubre en Virginia, donde Josué Castro Rivera, un jardinero hondureño de 24 años, perdió la vida al ser golpeado por un vehículo mientras huía a pie de una parada de tráfico del ICE.
Un elemento común en la mayoría de estos incidentes es la narrativa oficial que presenta a los agentes actuando en legítima defensa o describe a las víctimas como una amenaza inmediata, a menudo alegando intentos de atropello. No obstante, la aparición de evidencia videográfica en varios de estos casos ha desafiado sistemáticamente dichas versiones, revelando discrepancias significativas. Además, existe un patrón preocupante en la ausencia de consecuencias legales para los agentes involucrados; hasta la fecha, ningún funcionario ha enfrentado cargos penales por estas muertes, lo que genera una percepción de impunidad y erosiona la confianza en los mecanismos de supervisión interna.
El contexto operativo es crucial para entender la magnitud del fenómeno. Minneapolis, escenario del último incidente, se encuentra actualmente bajo un despliegue masivo de aproximadamente dos mil agentes y funcionarios federales como parte de una estrategia de control migratorio intensificado. Esta presencia reforzada, si bien tiene como objetivo declarado la aplicación de la ley, incrementa la frecuencia de los contactos entre agentes y la comunidad, elevando proporcionalmente el riesgo de enfrentamientos violentos y resultados trágicos. La tensión entre las autoridades locales, como la alcaldía de Minneapolis, y las agencias federales se agudiza cuando los métodos empleados son percibidos como desproporcionados y opacos.
El impacto de estas muertes trasciende el plano estadístico. Cada caso deja una red de duelo y desarraigo. Son padres, madres, trabajadores cuyos esfuerzos por construir una vida se truncaron de manera abrupta y violenta. El dinero que enviaban a sus familias en México, Guatemala u Honduras, sustento de hogares enteros, se ha extinguido. Las protestas en Minneapolis, por tanto, no son solo una reacción a un evento local; son la expresión de un malestar acumulado frente a una política que, en su implementación más agresiva, está produciendo un reguero de víctimas mortales. La demanda central de la ciudadanía y de las organizaciones de defensa de los migrantes es clara: una investigación independiente, transparente y exhaustiva de cada muerte, y la implementación de protocolos estrictos que prioricen la preservación de la vida humana por encima de los objetivos de detención. Mientras esto no ocurra, el ciclo de violencia y la consiguiente pérdida de legitimidad para las instituciones encargadas de aplicar la ley parece destinado a continuar.
