La ONU denuncia amenazas a la independencia judicial en Ecuador

Foto: Agencia AP.

¿Está el gobierno de Ecuador librando una campaña sistemática para debilitar al Poder Judicial? La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados, Margaret Satterthwaite, ha encendido las alarmas tras documentar lo que califica como intentos gubernamentales por “desacreditar” y presionar a los jueces. Las declaraciones llegan en un contexto explosivo: apenas días después de que el presidente Daniel Noboa liderara una masiva protesta contra fallos judiciales que frenaron parte de su agenda legislativa.

“Cuando altos funcionarios tildan a los jueces de ‘enemigos de la ciudadanía’ por cumplir con su deber, están socavando los pilares de la democracia”, advirtió Satterthwaite en un comunicado oficial. La experta se refiere directamente a las polémicas palabras de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien tras la suspensión temporal de 24 artículos de tres leyes clave —impulsadas por la mayoría oficialista— acusó a la Corte Constitucional de “olvidarse de las víctimas”.

Documentos obtenidos por este medio revelan el clima de tensión: gigantescas vallas publicitarias con los rostros de los magistrados y leyendas acusatorias aparecieron cerca del tribunal. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaban los carteles, una estrategia que la relatora de la ONU calificó de “estigmatizante y peligrosa”.

Fuentes judiciales, bajo condición de anonimato por temor a represalias, confirmaron a este equipo que varios magistrados han recibido amenazas directas. “No es solo retórica: hay un patrón de intimidación”, aseguró uno de ellos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había alertado sobre “discursos que ponen en riesgo la labor independiente de jueces”.

Entre los artículos suspendidos figuraba uno particularmente controvertido: la obligación para operadoras telefónicas de entregar datos de usuarios sin orden judicial. “Es la puerta a un Estado vigilante”, denunció Juanita Goebertus de Human Rights Watch, quien tachó los ataques al sistema judicial de “inaceptables en una democracia”.

Mientras el gobierno insiste en que sus reformas buscan combatir el crimen organizado, expertos consultados plantean una pregunta incómoda: ¿Se está usando la crisis de seguridad como excusa para concentrar poder? Las piezas del rompecabezas sugieren un escenario preocupante donde la independencia judicial —pilar fundamental del estado de derecho— parece estar bajo asedio sistemático.

La Corte Constitucional ahora enfrenta una prueba decisiva: sus próximos fallos sobre las demandas de inconstitucionalidad podrían definir no solo el futuro legal de Ecuador, sino la supervivencia misma de su democracia institucional.