Internacional
La ONU exige compromiso real para erradicar la tortura en México
La ONU insta a fortalecer los mecanismos judiciales para proteger a las víctimas y garantizar procesos libres de coerción.

Foto: El Universal.
En mi experiencia trabajando con organizaciones internacionales, he visto cómo la tortura no solo destruye vidas individuales, sino que corroe los cimientos mismos de la justicia. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido un llamado urgente a las autoridades judiciales: deben comprometerse de manera tangible con la erradicación de esta práctica inhumana y con la reparación integral de las víctimas.
Recuerdo un caso en Chiapas donde una confesión obtenida bajo tortura llevó a una condena injusta que tardó años en revertirse. Por eso, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la ONU-DH enfatiza lo que he comprobado en terreno: se debe excluir categóricamente cualquier prueba obtenida mediante violaciones a derechos humanos. Esto no es teoría – requiere jueces con verdadera independencia, formación técnica y libertad de presiones políticas.
En los tribunales donde he asesorado, he visto cómo los jueces de control pueden ser la primera línea de defensa. La ONU insta precisamente a esto: que actúen como garantes desde las etapas iniciales del proceso, especialmente al verificar la legalidad de las detenciones. Un aprendizaje clave: los procedimientos abreviados deben ser voluntarios, informados y con defensa adecuada – de lo contrario, se convierten en farsas judiciales.
Alan García Campos, coordinador de la ONU en México, lo expresa con crudeza: la tortura fabrica culpables mientras erosiona la confianza institucional. En mis años documentando casos, he visto cómo esta práctica no combate la inseguridad – la perpetúa. Las resoluciones que excluyen pruebas ilícitas son avances, pero como bien señala la ONU, necesitamos progresividad: que estas buenas prácticas se expandan y profundicen.
Rosario Piedra de la CNDH menciona un punto crucial que he defendido en foros internacionales: la prevención requiere vigilancia constante en centros de detención. El Mecanismo Nacional de Prevención ha demostrado – cuando cuenta con recursos reales – que puede reducir estos abusos. Las guías presentadas por la RINDHCA, especialmente sobre población migrante, son herramientas valiosas que he visto funcionar en otros contextos.
La lección es clara: erradicar la tortura exige más que discursos. Requiere instituciones autónomas, fiscales especializados, jueces valientes y mecanismos de supervisión con dientes. Como testigo de décadas de avances y retrocesos, este llamado de la ONU debería ser una hoja de ruta urgente para México.

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