El actor puertorriqueño Luis Guzmán ha alzado su voz para condenar con firmeza el asesinato de Renee Good, una maestra de 37 años y madre de tres hijos, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El fatal incidente, ocurrido el pasado 8 de enero en Minnesota, ha desencadenado una ola de indignación y protestas multitudinarias en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago, San Diego, Boston, Washington D.C. y Minneapolis. Guzmán, reconocido por sus papeles en producciones como ‘Miércoles’ y ‘Narcos’, utilizó sus plataformas en redes sociales para compartir un mensaje directo y cargado de emoción, reflejando el malestar de una parte significativa de la sociedad estadounidense.
En su declaración, el actor de 69 años inició con un sentido pésame dirigido a la familia y seres queridos de la víctima, subrayando la profunda tragedia humana que subyace tras el hecho noticioso. Sin embargo, rápidamente trasladó su discurso hacia una crítica técnica y analítica del procedimiento y la cultura operativa del ICE. Guzmán argumentó que la agencia ha sobrepasado los límites de su mandato, generando un patrón de violencia que resulta inaceptable en un estado de derecho. Su pregunta retórica, “¿Cuántas personas han muerto bajo custodia ya?”, no busca solo una cifra, sino evidenciar una sistematicidad que, a su juicio, convierte incidentes aislados en un síntoma de un problema estructural mayor.
El núcleo de su argumentación se centra en la desconexión entre la aplicación de la ley y la protección de la vida. Guzmán desmonta con precisión la narrativa que podría intentar justificar el uso letal de la fuerza, tachando de “mala excusa” y “encubrimiento” cualquier intento de responsabilizar a la víctima. Este punto es crucial, pues toca uno de los debates más sensibles en la actuación de las fuerzas de seguridad: la proporcionalidad y la presunción de inocencia. Al señalar que “gente inocente está siendo asesinada”, el actor no solo habla de Renee Good, sino que apunta a un fallo procedimental que pone en riesgo a ciudadanos que, independientemente de su estatus migratorio, no representan una amenaza inminente.
Su crítica se extiende más allá del organismo operativo para cuestionar el marco político y legal que lo ampara. Al referirse a “un montón de idiotas ilegales tratando de hacer leyes que no funcionan”, Guzmán sitúa el incidente en un contexto de políticas migratorias fallidas y retórica engañosa. Este análisis conecta la tragedia concreta con un clima nacional polarizado, donde la desinformación y la confrontación obstaculizan cualquier solución viable. Su mensaje subraya que la crisis no es meramente operativa, sino también de legitimidad y confianza en las instituciones.
Finalmente, la llamada a la acción de Luis Guzmán trasciende la protesta puntual. Al instar a la gente a “levantarse y defender” y afirmar que “está en nuestras manos”, promueve una participación ciudadana informada y constante. No se limita a la condena emocional; propone una respuesta colectiva organizada como el único mecanismo efectivo para exigir responsabilidades y frenar lo que él describe como un “caos” ajeno a los valores fundamentales del país.
Su intervención, por tanto, cumple una doble función: da voz al duelo y la rabia de una comunidad, y al mismo tiempo ofrece un marco analítico para comprender las implicaciones sistémicas de un acto de violencia institucional. El caso de Renee Good, así, deja de ser una noticia aislada para convertirse en un punto de inflexión en el debate público sobre los límites del poder, la rendición de cuentas y el verdadero significado de la seguridad nacional.
