El Gobierno de Ecuador confirmó la muerte de 31 personas privadas de libertad en un lapso de menos de 24 horas, como resultado de dos ataques sucesivos ocurridos en la cárcel de Machala, provincia de El Oro. Estos enfrentamientos, atribuidos a la pugna entre bandas criminales rivales, han reavivado con crudeza la crisis carcelaria sistémica que el país arrastra sin poder contener desde hace más de cinco años, evidenciando una fractura profunda en sus mecanismos de seguridad y control.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, conocido como SNAI, precisó que la cifra oficial se mantiene en cuatro fallecidos y 34 heridos en el primer incidente, tras una verificación conjunta con el ECU 911 y la Policía Nacional. El total de muertes en el sistema penitenciario ascendió finalmente a 31, un ajuste que respondió a la revisión técnica de los reportes iniciales emitidos por las instituciones de seguridad. Este proceso de verificación subraya la complejidad y la confusión que suelen rodear estos episodios de violencia extrema.
Los disturbios se iniciaron en la madrugada, cerca de las 02:45 del domingo, cuando internos de dos pabellones diferentes se enfrentaron con armas blancas y objetos contundentes. Horas más tarde, un segundo ataque, atribuido específicamente a la lucha entre las bandas Los Lobos y Sao Box, dejó un saldo adicional de 27 fallecidos por asfixia dentro del mismo penal. La naturaleza de las muertes en este segundo evento apunta a una brutalidad calculada y a métodos de violencia que buscan el máximo impacto.
El motín de Machala no es un hecho aislado, sino que ocurre en una provincia que se ha consolidado como un epicentro de la violencia criminal en Ecuador. Según análisis de la propia Policía, El Oro figura entre los diez territorios más peligrosos a nivel global, con tasas de homicidio que superan los 80 por cada 100.000 habitantes. Esta estadística es un reflejo elocuente de cómo las disputas entre organizaciones criminales han trascendido las calles para trasladar su guerra al interior de los centros penitenciarios, utilizando estas instalaciones como extensiones de sus campos de batalla.
Fuentes especializadas dentro del sistema carcelario atribuyen los hechos a una lucha interna por el control total del penal entre las facciones de Los Lobos y Sao Box. Este último grupo es una disidencia creada recientemente en 2024 por individuos conocidos como Saoco y Boxeador, quienes se separaron de una estructura criminal mayor tras una ruptura violenta en las minas ilegales de Ponce Enríquez. Desde su formación, este nuevo grupo ha logrado extender su dominio sobre la provincia y, según reportes, controla de facto la prisión de Machala. Sao Box concentra sus operaciones principales en el microtráfico y los sistemas de extorsión, pero su poder se ha consolidado rápidamente gracias a dos factores clave: el reclutamiento agresivo de delincuentes locales y la presunta complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Las autoridades investigan activamente si existió participación o aquiescencia de personal del SNAI en los hechos recientes, una línea de indagación que surge de denuncias internas difundidas por colectivos ciudadanos dedicados a monitorizar el sistema. El contexto regional agrava la situación. Solo en enero de 2025, la violencia en la provincia de El Oro creció un 384 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Y en los primeros tres días de febrero, se registró un promedio de nueve asesinatos diarios, una tendencia que evidencia de manera contundente la expansión territorial y la capacidad operativa del crimen organizado en el sur del país. Como medida reactiva inmediata, las autoridades anunciaron la reubicación y traslado de presos considerados de alta peligrosidad.
El ministro del Interior, John Reimberg, fue contundente al declarar que los reclusos involucrados estaban siendo trasladados a una cárcel de máxima seguridad, un movimiento que, según sus palabras, “nadie se había atrevido” a realizar previamente. Afirmó que con esta acción “se les acabó la fiesta” y se busca terminar con la práctica de que los internos den órdenes desde las cárceles o obedezcan instrucciones provenientes del exterior. En un comunicado oficial, el Gobierno insistió en que su respuesta institucional se mantiene bajo los lineamientos del Estado de excepción, un régimen que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de control penitenciario.
Sin embargo, y a pesar de este marco de excepcionalidad, organizaciones de derechos humanos y observadores independientes alertan sobre la ausencia de un plan estructural integral para reformar el sistema penitenciario desde sus bases. La crítica central es que, sin una estrategia de fondo que aborde el hacinamiento, la corrupción interna y la infiltración criminal, estos episodios de violencia masiva están condenados a repetirse. El informe final del SNAI ratificó que no se registraron nuevas víctimas en las horas posteriores a los ataques y que la cifra total de fallecidos permanece en 31.
La entidad agradeció a los medios de comunicación por su colaboración en el complejo proceso de verificación interinstitucional y reiteró que se mantiene la presencia permanente de policías y militares dentro del centro penitenciario de Machala, una medida que, si bien restablece un control temporal, no aborda las causas estructurales de una crisis que sigue desangrando al país.
