El gobierno de México ha emitido una condena enérgica y un rechazo formal a las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos en territorio venezolano, operación que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En un comunicado oficial difundido este sábado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, México calificó la incursión como una violación clara y unilateral del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual consagra el principio de la igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
La postura mexicana no se limita a una declaración de principios. La Cancillería urgió de manera explícita a la Organización de las Naciones Unidas a actuar con inmediatez para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y generar las condiciones que permitan una solución pacífica y sostenible, conforme al derecho internacional. Este llamado subraya la gravedad con la que México percibe la situación, al considerar que la estabilidad de toda la región está en juego. El comunicado recordó que América Latina y el Caribe se ha constituido como una zona de paz, un estatus construido sobre décadas de diplomacia y respeto mutuo, que se ve ahora amenazado por una acción militar externa.
El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 3, 2026
La crisis se desató tras la confirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de una operación a gran escala contra Venezuela, que culminó con la captura y extracción aérea del mandatario venezolano y su cónyuge. Este anuncio ha sumido a la nación sudamericana en una profunda incertidumbre institucional. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha manifestado desconocer el paradero de Maduro y Flores, mientras que el gobierno venezolano, en un movimiento diplomático de emergencia, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar los bombardeos reportados en Caracas y otras ciudades.
El análisis de la posición mexicana revela un apego estricto a los pilares de su política exterior tradicional: la no intervención, la solución pacífica de controversias y el fortalecimiento del multilateralismo. Al invocar específicamente la Carta de la ONU, México no solo fundamenta jurídicamente su protesta, sino que sitúa la controversia en el foro internacional designado para la mantención de la paz y la seguridad. Esta postura busca contrarrestar la narrativa de una acción unilateral, reafirmando la primacía del sistema de seguridad colectiva. El impacto inmediato de esta intervención militar trasciende las fronteras venezolanas; establece un precedente peligroso que podría reconfigurar las dinámicas de poder y seguridad en el hemisferio, poniendo en tensión los acuerdos regionales y los frágiles equilibrios políticos.
La respuesta de México, por tanto, debe leerse no solo como una reacción a un evento específico, sino como una defensa estratégica de un orden regional basado en normas. Al exigir la intervención de la ONU, el gobierno de Sheinbaum busca canalizar la crisis hacia los cauces diplomáticos, intentando evitar una espiral de inestabilidad que podría derivar en un conflicto más amplio o en una serie de reacciones impredecibles por parte de otros actores globales con intereses en la región. Las implicaciones prácticas son vastas: desde la posible ruptura del diálogo político entre Washington y los gobiernos latinoamericanos, hasta un aumento de la militarización y una crisis humanitaria agravada en Venezuela. La efectividad de este llamado dependerá de la respuesta de otros miembros del Consejo de Seguridad y de la capacidad de la comunidad internacional para ejercer una presión concertada que obligue a un repliegue y a la búsqueda de una salida negociada.
