Muertes de migrantes en custodia del ICE alcanzan máximo histórico
WASHINGTON. ¿Qué está ocurriendo detrás de los muros de los centros de detención migratoria? La muerte de Huabing Xie, un migrante indocumentado de China, el 29 de septiembre, representa mucho más que una estadística trágica. Se ha convertido en el símbolo de una crisis sistémica que ha alcanzado su punto más álgido en dos décadas.
Nuestra investigación revela que Xie fue la vigesimosegunda persona en fallecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el año fiscal 2025. Esta cifra constituye el número más elevado desde 2004, cuando se registraron 32 decesos, justo un año después de la creación de esta agencia federal. ¿Por qué, después de años con cifras relativamente menores, estamos presenciando este alarmante repunte?
Los documentos oficiales obtenidos muestran un patrón preocupante: más de la mitad de los fallecidos eran de origen latinoamericano. El total incluye además a dos migrantes asesinados por los disparos de un francotirador en una oficina del ICE en Dallas el mes pasado. Pero ¿qué explica las demás muertes?
Al contrastar los datos gubernamentales, descubrimos que los primeros tres años del mandato de Joe Biden no superaron las cuatro muertes anuales, pero en 2024 hubo una docena de fallecidos. “Es alarmante que en los primeros nueve meses de la Administración Trump nos estemos acercando rápidamente al número total de muertes que ocurrieron bajo el Gobierno de Biden”, declaró en un comunicado la coalición nacional Detention Watch Network.
Las entrevistas con defensores de derechos humanos pintan un cuadro desolador. Los centros de detención, con una población que ya supera los 60.000 reclusos, operan muy por encima de su capacidad. La falta de personal médico es generalizada, y múltiples testimonios confirman que los detenidos no reciben los medicamentos que necesitan ni tienen acceso a condiciones básicas de higiene y alimentación.
Un informe del senador demócrata Jon Ossoff, de Georgia, presentado en julio, describe una situación que va más allá de la simple negligencia: “Entre los hechos denunciados o confirmados con credibilidad se incluyen muertes bajo custodia, abuso físico y sexual, maltrato a mujeres embarazadas, maltrato infantil, atención médica inadecuada, hacinamiento y condiciones de vida insalubres”.
Tres de las muertes en el año fiscal 2025 fueron suicidios, lo que plantea interrogantes sobre el tratamiento psicológico que reciben los detenidos. Mientras el ICE insiste en que todos los detenidos en sus centros “reciben atención médica integral, alimentación adecuada y la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados”, las evidencias recopiladas cuentan una historia diferente.
El caso que cuestiona la versión oficial
El testimonio de Lucía Uribe, madre de Ismael Ayala-Uribe, fallecido el 22 de septiembre, desmonta las afirmaciones oficiales. “Todavía no lo entiendo. ¿Cómo pasó esto?”, se preguntaba entre lágrimas durante una comparecencia ante la prensa el 30 de septiembre.
Ayala-Uribe, mexicano de 39 años, fue detenido el 17 de agosto mientras trabajaba en un lavadero de coches en Huntington Beach, donde era empleado desde hacía 15 años. Su familia sostiene que gozaba de buena salud y que no ha recibido una explicación coherente sobre cómo, en poco más de un mes, falleció bajo custodia.
La madre del fallecido relató cómo hablaba con su hijo por teléfono dos o tres veces al día y podía ver su deterioro progresivo. “Ya tenía mal aspecto. Tenía la cara adelgazada, estaba pálido. Me dijo: ‘Mamá, ya no aguanto más’. Le dije que pidiera ayuda a los guardias, pero dijo que no le harían caso”.
Según el informe del ICE, el 18 de septiembre, el médico de guardia en el centro de detención Adelanto le suministró medicamentos y regresó a su dormitorio. Fue enviado al hospital el 21 de septiembre para una evaluación más exhaustiva de un absceso en el glúteo y se programó una cirugía para tratarlo. La causa de la muerte está siendo investigada.
El abogado de la familia declaró que se enteraron del traslado al hospital por una llamada de otros detenidos, ya que no recibieron ningún aviso por parte del ICE. Este hecho revela serias deficiencias en los protocolos de comunicación con las familias.
Al conectar los puntos entre los testimonios familiares, los documentos oficiales y los informes de organizaciones de derechos humanos, emerge una verdad incómoda: el sistema de detención migratoria está fallando en su obligación más básica de preservar la vida humana. Las cifras récord no son una anomalía estadística, sino el resultado predecible de políticas que priorizan la contención sobre la dignidad humana.
Mientras esperamos los resultados de las autopsias y las posibles acciones legales, una pregunta queda flotando en el aire: ¿Cuántas muertes más serán necesarias para que se implemente un cambio real en el sistema de detención migratoria?
